El Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy. La votación reflejó una clara división política: mientras Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano respaldaron el proyecto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) optaron por la abstención, dejando en evidencia las dudas que aún persisten en torno a su viabilidad y alcance.

Desde la bancada oficialista, el plan fue defendido como un punto de inflexión en la historia institucional de la procuración de justicia en México. Legisladores de Morena subrayaron que no se trata de un simple instrumento administrativo, sino de una transformación profunda que busca romper con inercias arraigadas y construir un modelo sustentado en evidencia, priorización estratégica y resultados tangibles. Según esta visión, el documento representa el inicio de una nueva etapa para la FGR, en la que la eficiencia y la confianza ciudadana serán los pilares centrales.

Sin embargo, la oposición planteó reservas significativas. El PAN advirtió que el principal desafío no radica en el contenido del plan, sino en la capacidad real de la fiscalía para actuar con autonomía e independencia. Guadalupe Murguía señaló que, de no garantizarse estos principios, el organismo podría verse comprometido por intereses político-partidistas, lo que desvirtuaría por completo el propósito del programa. Además, alertó que sin una asignación suficiente de recursos, el plan corre el riesgo de convertirse en una lista de buenas intenciones sin impacto real.

En la misma línea crítica, la senadora priista Carolina Viggiano reconoció que el documento contiene un diagnóstico que por años fue negado: la existencia de rezagos estructurales, desorganización interna, falta de coordinación y problemas de corrupción dentro de la fiscalía. No obstante, cuestionó la claridad de las propuestas. A su juicio, el plan presenta inconsistencias importantes, como la ausencia de mecanismos definidos para la coordinación con autoridades locales y la falta de criterios claros para la atracción de casos relevantes.

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los legisladores opositores es el enfoque hacia las víctimas. Aunque el plan plantea colocarlas en el centro de la acción institucional, no detalla mecanismos concretos para su participación, particularmente en casos sensibles como las desapariciones. Asimismo, si bien se anuncian avances en materia forense, creación de bancos de datos y procesos de exhumación, se percibe una contradicción al minimizar la gravedad del fenómeno de desapariciones en el país.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, defendió el dictamen destacando que parte de un diagnóstico “honesto, franco y crítico”. En su exposición, enfatizó problemáticas estructurales que afectan al sistema de justicia, como la saturación derivada de la tramitación masiva de casos y un modelo que privilegia el procedimiento abreviado sobre el juicio oral. De hecho, señaló que el 94.6 por ciento de las condenas se obtienen por esta vía, lo que convierte al juicio oral en una excepción más que en la norma.

Corral también subrayó la brecha de confianza que persiste entre la ciudadanía, ya que seis de cada diez personas perciben corrupción en las instituciones de justicia. Frente a este panorama, el plan se presenta como un intento de recuperar la legitimidad de la acción ministerial mediante un cambio de enfoque: pasar de una fiscalía reactiva a una proactiva, sustentada en la ciencia, la tecnología y el análisis de inteligencia.

Uno de los elementos más relevantes del nuevo modelo es el abandono de la persecución de casos aislados para centrarse en el desmantelamiento de estructuras criminales completas, incluyendo sus redes financieras. Este cambio busca atacar de raíz los problemas de inseguridad y criminalidad organizada, en lugar de limitarse a respuestas fragmentadas.