En medio de una creciente tensión diplomática y mediática, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados fijó postura frente a las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y ex funcionarios mexicanos, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. La bancada oficialista no solo expresó dudas sobre la solidez jurídica del caso, sino que también sugirió que podría tratarse de un proceso con motivaciones políticas, lo que ha abierto un nuevo frente de debate sobre la relación bilateral en materia de justicia y cooperación internacional.

Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, enfatizó que cualquier solicitud de extradición debe cumplir con requisitos legales claros y estrictos, entre ellos la presentación de pruebas suficientes que acrediten tanto la existencia del delito como la probable responsabilidad de los acusados. Según Monreal, este principio fundamental no se habría cumplido en el caso de Rocha Moya, lo que genera dudas razonables sobre la legitimidad de las acusaciones.

El legislador subrayó que no basta con señalar delitos de manera general, sino que es indispensable acompañar la solicitud con evidencias contundentes que sustenten los cargos. En este contexto, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a revisar minuciosamente el expediente enviado por las autoridades estadounidenses y determinar si cumple con los estándares legales establecidos en la legislación mexicana.

Para reforzar su argumento, Monreal recordó el caso del ex secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 bajo acusaciones similares relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, tras ser repatriado a México, fue exonerado debido a la falta de pruebas concluyentes. Aunque el coordinador de Morena aclaró que no se trata de situaciones idénticas, consideró que el antecedente obliga a actuar con cautela y evitar juicios anticipados.

En cuanto a las implicaciones políticas y administrativas, Monreal rechazó que los funcionarios señalados deban separarse de sus cargos mientras no exista una resolución judicial firme. Argumentó que el ejercicio de sus funciones no interfiere con el cumplimiento de eventuales requerimientos legales, como comparecer ante la FGR. Además, reiteró que tanto la Constitución como la Ley de Extradición Internacional garantizan el derecho a la presunción de inocencia, principio que, dijo, debe prevalecer en todo momento.

El legislador también hizo un llamado a evitar reacciones precipitadas ante el anuncio del gobierno estadounidense. Insistió en que corresponde a las autoridades mexicanas analizar el caso con serenidad y apego a derecho, sin ceder a presiones externas ni a interpretaciones mediáticas. “Para mí es un asunto político”, afirmó, al tiempo que pidió esperar el curso de las investigaciones antes de emitir juicios definitivos.

Ante cuestionamientos sobre el respaldo político al gobernador sinaloense, Monreal adoptó una postura institucional al señalar que Morena no defiende personas, sino principios. No obstante, dejó claro que cualquier ciudadano, incluido Rocha Moya, tiene derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. En ese sentido, afirmó que los diputados estarán del lado de la legalidad y la justicia, sin excepciones.

Finalmente, respecto al posible impacto electoral de este caso en la imagen de Morena, el coordinador minimizó los efectos negativos y aseguró que el partido buscará mantener la confianza ciudadana. Denunció además posibles intentos de injerencia extranjera y manipulación política, reiterando que el movimiento se mantendrá firme frente a cualquier presión externa.