El estado de Puebla ha comenzado a posicionarse como un caso relevante gracias a la implementación del Programa de Obra Comunitaria, una estrategia que combina participación directa de la ciudadanía, transparencia en el uso de recursos y un enfoque territorial. Con una inversión proyectada de mil 500 millones de pesos para 2026, el gobierno estatal busca consolidar un modelo que no solo atiende necesidades básicas, sino que también fortalece el tejido social.

El gobernador Alejandro Armenta Mier ha subrayado que este programa representa un cambio en la forma tradicional de ejecutar obra pública. A diferencia de esquemas centralizados, aquí son las comunidades quienes deciden, priorizan y supervisan las obras. Este enfoque se construye a partir de diagnósticos en territorio y asambleas comunitarias, mecanismos que permiten identificar con mayor precisión las necesidades más urgentes.

La estrategia se encuentra alineada con los principios de la llamada Cuarta Transformación y mantiene coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En este sentido, uno de los objetivos centrales ha sido reducir intermediarios, lo que, de acuerdo con autoridades estatales, contribuye a combatir prácticas de corrupción y a garantizar una aplicación más eficiente de los recursos públicos.

Uno de los datos más relevantes es la reducción de la pobreza en la entidad. Según explicó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de 63.4% en 2023 a 43.4% en 2026, una disminución de 20 puntos porcentuales. Este resultado, respaldado por el Informe Anual de Bienestar Federal, refleja el impacto acumulado de programas sociales que han atendido rubros clave como salud, vivienda y alimentación.

Durante 2025, se llevaron a cabo más de 107 mil acciones a través de distintos programas, entre ellos el de Obra Comunitaria. Estas intervenciones han permitido mejorar condiciones de vida en comunidades históricamente rezagadas, particularmente en zonas rurales y periurbanas.

Por su parte, el subsecretario de Vivienda, José Luis Figueroa Ortiz, detalló que en ese mismo año se ejercieron 408 millones de pesos en seis programas prioritarios. Estas acciones beneficiaron a 113 municipios con obras como pisos y techos firmes, construcción de cuartos dormitorio y proyectos de electrificación. En total, más de 90 mil personas fueron impactadas, incluyendo familias vinculadas a cuerpos de seguridad, con una inversión estatal adicional superior a 110 millones de pesos.

Un elemento distintivo del programa ha sido la participación de mujeres en la administración de los comités de obra. De acuerdo con autoridades, estos esquemas han demostrado resultados particularmente favorables, al fortalecer la transparencia, la organización comunitaria y el seguimiento puntual de los proyectos.

El coordinador general del programa, Edgar Chumacero Hernández, informó que en el ejercicio anterior se ejecutaron 4 mil 192 proyectos en los 217 municipios del estado, con una inversión de mil 48 millones de pesos. Para 2026, el incremento presupuestal permitirá ampliar el alcance del programa, que contempla 12 vertientes enfocadas en infraestructura básica, espacios comunitarios y desarrollo social.

La dimensión territorial del programa también se refleja en los avances reportados en distintas microrregiones. En enlaces en tiempo real, autoridades locales como Natalia Suárez del Real, Hugo Muñoz Huey y Gafid Gachupín Erías detallaron proyectos específicos que incluyen infraestructura educativa, espacios deportivos y recuperación de áreas comunitarias.

Entre los ejemplos destacan la rehabilitación de la barda en la primaria Defensores de la República, así como cientos de acciones distribuidas en distintas microrregiones, con inversiones que superan decenas de millones de pesos. Colonias como San José Los Cerritos han sido testigo directo de estos cambios, donde la intervención pública se traduce en mejoras tangibles para la vida cotidiana.

Más allá de las cifras, el Programa de Obra Comunitaria representa una apuesta por redefinir la relación entre gobierno y ciudadanía. La participación activa de las comunidades no solo permite identificar prioridades, sino también generar corresponsabilidad en el cuidado y mantenimiento de las obras.