El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anunció que su partido iniciará un proceso formal para solicitar la cancelación del registro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que acusa de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante una conferencia ofrecida en el Senado de la República, el también legislador sostuvo que el PRI ya trabaja en la integración de un expediente jurídico que será presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos días. El objetivo, explicó, es que la autoridad electoral evalúe la posible pérdida de registro del partido en el poder, bajo el argumento de que existen elementos suficientes para acreditar irregularidades graves que vulneran la equidad en los procesos democráticos.

Moreno afirmó que los señalamientos se basan en una “repetición de hechos graves” relacionados con la presunta intervención del crimen organizado en elecciones, particularmente en el estado de Sinaloa. En ese contexto, hizo referencia a acusaciones recientes que involucran al actual gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, así como a otras autoridades locales, en posibles delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas.

El dirigente priista fue más allá en su discurso, al calificar a Morena con una declaración contundente: “No es un partido político, es un cártel del crimen organizado”. Según su versión, durante el pasado proceso electoral en Sinaloa se habrían registrado actos de intimidación, secuestro y violencia contra operadores políticos del PRI, lo que —asegura— influyó directamente en los resultados de la contienda.

“¿Cómo vamos a cuidar las casillas cuando levantaron a más de mil operadores del PRI en el estado de Sinaloa?”, cuestionó Moreno, al relatar presuntos episodios de violencia sistemática contra su partido. “A punta de bala los sacaron, secuestraron, levantaron a nuestros compañeros. ¿Cómo íbamos a ganar la elección?”, añadió, insistiendo en que estos hechos forman parte de un patrón sostenido que justificaría la acción legal que pretenden emprender.

El líder del PRI también exigió que se investigue y se proceda legalmente contra el gobernador Rocha Moya, a quien señaló como parte de una supuesta red de complicidad. En ese sentido, hizo referencia a investigaciones judiciales en Estados Unidos, sugiriendo que el gobierno mexicano debería colaborar con las autoridades de ese país.

“Que lo extraditen y que enfrente la justicia”, expresó Moreno, al afirmar que existiría una solicitud formal por parte de instancias estadounidenses que debería ser atendida conforme a los mecanismos de cooperación internacional. A su juicio, la inacción frente a estas acusaciones podría fortalecer la percepción de impunidad tanto a nivel nacional como internacional.

Más allá del ámbito interno, el senador advirtió que este tipo de señalamientos podría impactar negativamente la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Consideró que la falta de respuestas contundentes en materia de seguridad y combate al crimen organizado podría debilitar la confianza en el Estado mexicano, justo cuando se aproxima una revisión clave del acuerdo comercial.

“¿Cómo se va a negociar si no hay certeza ni confianza?”, planteó, subrayando que la credibilidad internacional del país podría verse comprometida si no se atienden estas denuncias con seriedad.

Finalmente, Moreno adelantó que su partido continuará presentando denuncias tanto en instancias nacionales como internacionales, y que incluso llevará información a autoridades estadounidenses para reforzar sus acusaciones. Reiteró que el PRI mantendrá una postura crítica y de confrontación frente al gobierno federal en temas relacionados con seguridad y legalidad.