En un hecho sin precedentes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia estadounidense contra una decena de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La mandataria dejó en claro que su gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido delitos, pero también advirtió que, sin pruebas contundentes, las imputaciones podrían tener motivaciones políticas y representar un intento de injerencia extranjera.

El posicionamiento oficial fue dado a conocer durante la conferencia matutina, donde Sheinbaum leyó un comunicado detallando los pasos institucionales que ha seguido el gobierno mexicano tras recibir las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Según explicó, el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió diez solicitudes formales, las cuales fueron turnadas un día después a la Fiscalía General de la República (FGR), órgano encargado de analizar la viabilidad jurídica de dichas peticiones.

La controversia escaló cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo públicos los cargos desde el Distrito Sur de Nueva York, incluyendo entre los señalados a figuras de alto nivel como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, además de un senador y un alcalde en funciones. Para la presidenta, este hecho marca un precedente inédito: nunca antes se había solicitado la extradición de funcionarios en activo de ese nivel.

Sheinbaum también cuestionó la forma en que se difundió la información. En particular, señaló como irregular la publicación de un documento titulado “acusación de reemplazo bajo reserva”, que por su naturaleza debería permanecer confidencial conforme a los tratados internacionales. Este detalle generó un “extrañamiento” por parte del área jurídica de la cancillería mexicana.

En su mensaje, la mandataria reiteró que la FGR actuará con base en la ley y evaluará si existen elementos probatorios suficientes para proceder. Subrayó que, de acuerdo con la legislación mexicana, cualquier orden de aprehensión requiere datos de prueba que permitan inferir la probable comisión de un delito. En ese sentido, insistió en que la investigación será exhaustiva y autónoma.

“No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó. Sin embargo, también planteó una interrogante clave: si no existen pruebas claras, ¿cuál es la motivación detrás de estas acusaciones? Para Sheinbaum, la respuesta podría encontrarse en un trasfondo político.

La presidenta también puso en duda la solidez de la evidencia presentada hasta ahora por las autoridades estadounidenses. Según explicó, uno de los elementos difundidos públicamente consiste en imágenes de supuestos pagos de sobornos escritos a mano en una hoja de papel, lo cual, a su juicio, resulta insuficiente y poco concluyente.

Más allá del caso específico, el pronunciamiento de Sheinbaum se centró en un principio fundamental: la defensa de la soberanía nacional. “México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación”, declaró. En ese contexto, advirtió que su gobierno no permitirá bajo ninguna circunstancia la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que competen exclusivamente al país.

El episodio abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia. Mientras la cooperación bilateral ha sido clave en el combate al narcotráfico, este caso pone a prueba los límites de dicha colaboración, especialmente cuando involucra a actores políticos en funciones.

En palabras de la propia mandataria, la guía será clara: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.