El anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, sobre la citación de cerca de 50 personas que participaron en un operativo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, ha generado cuestionamientos en torno a lo que diversos actores políticos califican como un patrón de “justicia selectiva”. Mientras la institución informó que busca esclarecer los hechos mediante entrevistas, revisión de acreditaciones y recopilación de pruebas, el contexto en el que se da este anuncio ha encendido el debate público sobre las prioridades en la procuración de justicia en el país.

De acuerdo con la FGR, las diligencias incluyen requerimientos a distintas autoridades para verificar la legalidad del operativo, así como la participación de agentes —incluidos extranjeros—, bajo la premisa de posibles implicaciones en materia de seguridad nacional. Sin embargo, la decisión de centrar las investigaciones en quienes participaron en la desarticulación de un presunto narcolaboratorio contrasta, según críticas, con la aparente falta de acciones contundentes en otros casos de alto perfil relacionados con presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, particularmente en Sinaloa.

En este escenario, voces de la oposición han señalado una contradicción en la actuación del gobierno federal: por un lado, se investiga a quienes intervinieron en operativos contra el crimen, y por otro, se acusa una postura permisiva o de protección hacia figuras políticas señaladas por presuntos nexos con el narcotráfico. Esta narrativa ha cobrado fuerza en medio de señalamientos sobre el uso de recursos del Estado para brindar seguridad a funcionarios cuestionados, lo que, advierten, podría debilitar la confianza en las instituciones. Así, el caso abre un nuevo frente en el debate sobre el equilibrio entre legalidad, combate al crimen y la imparcialidad en la aplicación de la ley en México.