El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó este lunes que el gobierno federal tenga indicios o sospechas que vinculen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, en respuesta a señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos. El funcionario subrayó que, durante toda la administración, existió coordinación en materia de seguridad con el gobierno estatal y nunca se registraron obstrucciones en los operativos federales.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Novena Zona Militar, en Culiacán, García Harfuch fue cuestionado directamente sobre si el gabinete de Seguridad tenía alguna sospecha previa sobre Rocha Moya, especialmente en el contexto de las reuniones sostenidas a lo largo del actual gobierno federal. La interrogante también puso sobre la mesa la razón por la cual, de haber existido indicios, no se habría actuado con anterioridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad fue enfático al negar cualquier señalamiento interno. “Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio”, afirmó. Añadió que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, los resultados en materia de seguridad —incluidas detenciones y operativos— se han desarrollado sin interferencias por parte de autoridades estatales. “Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado”, reiteró.

Respecto a la situación actual de Rocha Moya, el secretario explicó que el mandatario con licencia permanece en Sinaloa, no cuenta con fuero constitucional y se encuentra bajo resguardo de la Guardia Nacional. Sin embargo, puntualizó que esta medida no responde a una amenaza específica, sino a una evaluación preventiva.

El dispositivo de seguridad asignado, detalló, está conformado por un número reducido de عناصر, cuyo tamaño no fue revelado por razones de confidencialidad. La decisión se tomó a partir de un análisis del Servicio de Protección Federal, considerando el contexto de violencia que ha enfrentado la entidad en los últimos años.

García Harfuch también aclaró que, a diferencia de otros exgobernadores, Rocha Moya no solicitó protección de manera directa. La asignación, dijo, fue una recomendación del propio gobierno federal, derivada de la responsabilidad que ejerció como titular del Ejecutivo estatal en un periodo marcado por el fortalecimiento de las estrategias contra la delincuencia.

Ante cuestionamientos sobre un posible riesgo contra la integridad del exmandatario, el funcionario descartó cualquier amenaza. “No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”, sostuvo, insistiendo en que la protección responde a protocolos y no a alertas específicas.

Otro de los puntos abordados fue la situación jurídica de Rocha Moya en relación con el fuero constitucional, tema relevante ante versiones de que autoridades estadounidenses habrían solicitado acciones en su contra. García Harfuch precisó que, al haber dejado el cargo, el exgobernador ya no cuenta con esta protección legal. “Quien tiene fuero es un senador; los demás no”, explicó, señalando que corresponderá a la Fiscalía General de la República ofrecer mayor precisión al respecto.

Finalmente, el secretario descartó que otros funcionarios o exservidores públicos mencionados en investigaciones estadounidenses —incluido el senador Enrique Inzunza— cuenten actualmente con protección de la Guardia Nacional. Según dijo, ninguno de ellos ha solicitado este tipo de resguardo ni forma parte de esquemas activos de seguridad federal.