La ofensiva judicial de Estados Unidos contra presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales apenas comienza. Así lo dejó claro este miércoles el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, quien aseguró que después de las recientes acusaciones presentadas contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, “vendrán más”.

Durante una entrevista con la cadena News Nation, Blanche confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantendrá e incluso intensificará las investigaciones relacionadas con políticos, jueces y autoridades mexicanas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y delitos asociados al tráfico de armas.

Las declaraciones del funcionario estadounidense ocurren apenas una semana después de que fiscales federales anunciaran cargos contra una decena de servidores públicos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

“Acusamos las acusaciones la semana pasada. Es algo que hemos hecho en el pasado, pero ciertamente lo seguiremos haciendo”, afirmó Blanche al ser cuestionado sobre el futuro de las investigaciones.

Cooperación bilateral bajo presión

Pese a la dureza de sus declaraciones, Blanche insistió en que la relación entre Washington y el gobierno mexicano continúa siendo positiva y estratégica. Según explicó, ambas naciones mantienen una cooperación constante en temas de seguridad, migración y combate al tráfico de drogas.

“Tenemos una muy buena relación con el gobierno de México. Ellos han reconocido la importancia de su relación con nosotros y que esa relación depende de cooperación en el ámbito migratorio, combatir el tráfico de drogas y cosas de ese tipo”, declaró.

El fiscal interino también rechazó que exista una ruptura diplomática derivada de las recientes acusaciones. Por el contrario, aseguró que una parte importante del gobierno mexicano mantiene comunicación activa con las autoridades estadounidenses.

“Nuestra relación no es mala; al contrario, es muy positiva con una buena parte del gobierno mexicano en estos momentos”, sostuvo.

Sin embargo, las declaraciones del funcionario reflejan el endurecimiento de la estrategia estadounidense contra los cárteles mexicanos y sus presuntas redes de protección política. Blanche dejó entrever que las investigaciones podrían escalar conforme avancen los procesos judiciales contra líderes criminales ya detenidos en territorio estadounidense.

Los capos detenidos y el riesgo de nuevas revelaciones

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue la referencia a la posible cooperación de importantes líderes del narcotráfico actualmente presos en Estados Unidos. Blanche mencionó específicamente a integrantes del llamado grupo de “Los Chapitos”, entre ellos Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, así como a Ismael Zambada García.

Según explicó, algunos de estos personajes podrían colaborar con las autoridades estadounidenses a cambio de beneficios judiciales, lo que abriría la puerta a nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos.

“Algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”, afirmó.

La posibilidad de que líderes criminales revelen información sobre redes de corrupción política ha generado preocupación tanto en México como en Estados Unidos, especialmente ante el alcance que podrían tener dichas declaraciones en procesos judiciales internacionales.

“Queremos que teman”: el nuevo mensaje de Washington

Blanche también detalló que el Departamento de Justicia trabaja de manera coordinada con agencias federales estadounidenses y gobiernos de América Latina para fortalecer el combate contra los cárteles.

“Estamos redoblando nuestros esfuerzos”, señaló.

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos de Washington es eliminar la percepción de impunidad entre los líderes criminales. De acuerdo con Blanche, durante años muchos capos consideraban que podían mantenerse protegidos en determinadas regiones de México y evitar ser detenidos o extraditados.

“El riesgo para esos líderes es que, en el pasado, quizá se sintieran protegidos en los lugares donde vivían, pensando que podían evitar el arresto, el enjuiciamiento y la extradición”, afirmó.

Añadió que el mensaje actual del gobierno estadounidense busca generar el efecto contrario.

“No creo que ya se sientan así, y eso es lo que queremos. Queremos que teman que, si son detenidos, acabarán en Chicago, en Nueva York, en San Diego o en Texas”, expresó.

Las declaraciones reflejan la política de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump, enfocada en reforzar las acciones judiciales y operativas contra organizaciones criminales transnacionales.

La posibilidad de intervención militar

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas federales a México para combatir directamente a los cárteles, una idea que ha generado controversia en ambos países en distintos momentos.

Sobre este punto, Blanche evitó comprometer una postura definitiva y aclaró que cualquier decisión de esa naturaleza correspondería exclusivamente al presidente estadounidense.

“No sé si eso se vuelva una realidad, en absoluto. No es una decisión del Departamento de Justicia. Es una decisión del presidente”, respondió.

Aun así, subrayó que tanto Washington como el gobierno mexicano comparten un mismo objetivo: frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y debilitar a las organizaciones criminales.

“Todos queremos detener el flujo de drogas. Sé que el liderazgo en México lo quiere, igual que nosotros; es sólo cuestión de ver cómo podemos trabajar juntos para lograrlo”, concluyó.