El Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México lanzó un posicionamiento crítico sobre la situación que enfrenta Morena ante las acusaciones por presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, señalando que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa una de las crisis más delicadas para el partido oficialista desde su llegada al poder.
En el pronunciamiento difundido por el PRI mexiquense, se advierte que los señalamientos ya trascendieron el ámbito nacional y comenzaron a colocarse en escenarios internacionales, particularmente por las versiones que apuntan a una supuesta relación entre estructuras políticas de Morena y operadores vinculados al Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.
De acuerdo con el posicionamiento del Comité Directivo Estatal priista, durante aquella elección presuntamente habrían operado mecanismos de presión, financiamiento ilícito e intimidación para favorecer políticamente a Morena en distintas regiones del estado, situación que —consideran— agrava aún más el clima de inseguridad y desconfianza que vive la entidad sinaloense.
El PRI Estado de México también señala que dentro de las acusaciones aparecen nombres como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de perfiles relacionados con áreas de procuración de justicia y finanzas del gobierno estatal.
En el documento, el priismo mexiquense sostiene que el contexto de violencia que atraviesa Sinaloa vuelve todavía más delicadas las acusaciones, al recordar que durante la actual administración estatal se acumulan más de 2 mil 600 homicidios, alrededor de 3 mil 600 personas desaparecidas y más de 3 mil familias desplazadas por la inseguridad.
Asimismo, el PRI del Estado de México advierte que la violencia también ha provocado severas afectaciones económicas, con pérdidas estimadas en más de 70 mil millones de pesos y cerca de 30 mil empleos afectados en distintos sectores productivos de la entidad.
El posicionamiento también recuerda que desde 2021 el PRI ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por la posible intervención del crimen organizado en procesos electorales y por presuntos esquemas de protección política desde el poder; sin embargo, lamenta que hasta ahora no existan resultados públicos contundentes ni avances claros en las investigaciones.
Finalmente, el Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense aseguró que el caso de Sinaloa refleja cómo la violencia y la presencia del crimen organizado dejaron de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en una amenaza política, social e institucional que hoy impacta directamente la vida cotidiana de miles de familias mexicanas.

