Las y los senadores de Movimiento Ciudadano, encabezados por el coordinador parlamentario Clemente Castañeda y la vicecoordinadora Alejandra Barrales, presentaron ante el Senado de la República un punto de acuerdo para exigir a las autoridades federales y estatales el fortalecimiento urgente de las acciones de prevención, investigación, sanción y atención integral del abuso sexual infantil en México. La propuesta plantea una estrategia coordinada entre instituciones para enfrentar una problemática que, advirtieron, continúa afectando gravemente a miles de niñas, niños y adolescentes en el país.

En el documento, las y los legisladores señalaron que, aunque el marco jurídico mexicano reconoce ampliamente los derechos de la niñez y establece mecanismos de protección frente a cualquier forma de violencia, persiste una profunda brecha entre lo que establece la ley y su aplicación efectiva. Recordaron que, de acuerdo con cifras oficiales, durante 2021 se registraron más de 22 mil víctimas de violencia sexual contra menores de edad, lo que representa más de 60 casos diarios, mientras que en 2022 se iniciaron más de 16 mil carpetas de investigación por abuso sexual y más de 8 mil por violación en contra de niñas y adolescentes. Ante ello, Movimiento Ciudadano sostuvo que el abuso sexual infantil no responde a una sola causa, sino a una serie de fallas estructurales, institucionales y socioculturales que dificultan su prevención, detección y erradicación.

La bancada naranja subrayó que atender esta problemática requiere una transformación profunda en la manera en que el Estado mexicano previene, investiga, sanciona y repara este tipo de violencias. Por ello, el exhorto legislativo propone que la Presidencia de la República y las 32 gubernaturas fortalezcan la política nacional de prevención mediante mecanismos de coordinación interinstitucional y evaluación de resultados; además, solicita a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales reforzar las investigaciones de delitos sexuales contra menores con protocolos homologados y procesos libres de revictimización. Asimismo, plantea que la Secretaría de Educación Pública implemente programas obligatorios de prevención y educación integral en sexualidad; que la Secretaría de Salud garantice atención psicológica especializada y gratuita para las víctimas; y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalezca el combate a los delitos sexuales, particularmente aquellos cometidos en entornos digitales.