La diputada federal del Partido del Trabajo, María Isidra De la Luz Rivas, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para establecer que cualquier persona vinculada a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio pierda automáticamente la patria potestad sobre las hijas e hijos que tenga en común con la víctima, con el objetivo de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia feminicida.

La propuesta legislativa contempla modificaciones a los artículos 444 y 444 Bis del Código Civil Federal y plantea que quien ejerza la patria potestad y sea procesado por el delito de feminicidio o tentativa perderá todos los derechos relacionados con las y los menores, priorizando el interés superior de la niñez y evitando que posibles agresores mantengan control legal o convivencia con los hijos de las víctimas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, también establece que las autoridades jurisdiccionales deberán suspender o modificar de oficio los regímenes de convivencia, guarda y custodia cuando detecten cualquier tipo de violencia o cuando el progenitor se encuentre vinculado a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio, sin necesidad de que exista una solicitud expresa de las partes involucradas.

La legisladora petista argumentó que, aunque el sistema penal mexicano ya reconoce y sanciona el feminicidio como delito, aún existen vacíos legales en materia de protección familiar y de derechos de las hijas e hijos de las víctimas. Señaló que, en numerosos casos, los menores terminan bajo la tutela del padre señalado o investigado por el asesinato o agresión contra la madre, generando escenarios de riesgo, revictimización y vulnerabilidad para las infancias.

María Isidra De la Luz Rivas recordó que esta problemática tomó mayor relevancia nacional tras el asesinato de la activista y abogada feminista Cecilia Monzón Pérez, ocurrido en Puebla en 2022, caso que dio origen a la llamada “Ley Monzón”, legislación impulsada para impedir que agresores señalados por feminicidio mantengan derechos de custodia sobre sus hijos.

La diputada destacó que el Congreso de Puebla aprobó dicha legislación en marzo de 2023 y que posteriormente otros congresos estatales replicaron el modelo jurídico. Entre las entidades que ya han aprobado reformas similares se encuentran Colima, Sinaloa, Ciudad de México, Nayarit, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur.

La propuesta busca ahora elevar este criterio de protección al ámbito federal para homologar la legislación en todo el país y garantizar que las niñas y niños hijos de víctimas de feminicidio cuenten con medidas inmediatas de protección jurídica y familiar. La legisladora sostuvo que la reforma permitiría suspender la patria potestad, guarda, custodia y régimen de visitas al presunto responsable hasta que se determine legalmente su inocencia o responsabilidad.

Con esta iniciativa, el PT busca fortalecer el marco legal de protección para las víctimas indirectas de la violencia feminicida y cerrar espacios de impunidad o revictimización dentro de los procesos familiares derivados de delitos de género.