Elementos federales detuvieron este lunes en Nuevo León a José Antonio “N”, señalado como líder de una célula ligada al Cártel del Noroeste con operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustible. La operación también derivó en el arresto de una mujer cuya identidad no fue precisada.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo tuvo su origen en el aseguramiento previo de un buque en Tamaulipas, a partir del cual se abrieron líneas de investigación que condujeron al estado norteño.

En este contexto, personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR) despegaron un operativo conjunto en el que ejecuta cuatro órdenes de cateo.

Durante los registros, los agentes aseguran 10 armas de fuego, dosis de droga, once vehículos y seis motocicletas. También incautan equipos de cómputo y una cantidad no precisada de dinero en efectivo.

Entre los hallazgos más atípicos del operativo figuran 7 tigres, que quedaron bajo resguardo de las instituciones participantes. La presencia de los animales apunta a los vínculos frecuentes entre el crimen organizado y el tráfico de fauna silvestre.

Cabe mencionar que los domicilios asegurados se encuentran vinculados con Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques”, socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V. encargado de la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita proveniente de Estados Unidos, mismo que está vinculado con el “Cártel del Noreste”.

La célula operaba en torno a dos actividades: el manejo de recursos de procedencia ilícita y el contrabando de combustible. Ambas líneas delictivas siguen bajo escrutinio de la FGR.

Hasta el momento, el Cártel del Noroeste mantiene presencia en varios estados del norte del país y ha sido objeto de operaciones federales en los últimos años. La detención de José Antonio “N” representa uno de los golpes más recientes contra su estructura financiera y logística.

Red marítima de huachicol fiscal: el ascenso de “El Señor de los Buques”

El 19 de marzo de 2025, las autoridades federales aseguraron en el puerto de Altamira, Tamaulipas, el buque Challenge Procyon. La embarcación había declarado transportar aditivos para aceites lubricantes, pero una inspección reveló que cargaba 10 millones de litros de diésel ilícito. En el operativo también se decomisaron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

En total, durante marzo de 2025 las autoridades decomisaron 18 millones de litros de diésel entre los puertos de Altamira y Ensenada, en lo que marcó el inicio de una ofensiva federal contra esta red.

Este hecho destapó una sofisticada red que utiliza empresas fachada, rutas marítimas internacionales y conexiones con cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

A raíz de las investigaciones, las autoridades federales identificaron a Roberto Blanco Cantú, apodado “El Señor de los Buques”, como uno de los principales operadores de este esquema. Desde oficinas en San Pedro Garza García, dirigió empresas como Mefra Fletes, investigadas por facilitar el ingreso irregular de combustibles desde Texas, evadiendo impuestos mediante simulación de importaciones y documentación alterada.

Las autoridades revelaron que, a diferencia del robo tradicional de ductos, el huachicol fiscal opera con apoyo logístico empresarial, aprovechando vacíos regulatorios y presuntos actos de corrupción entre funcionarios portuarios y aduaneros. El aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira no fue un caso aislado: otra embarcación en Manzanillo descargó más de dos millones de litros de diésel bajo la modalidad de “despacho en ausencia”, lo que evidenció la complicidad institucional.

La relación entre “El Señor de los Buques” y el huachicol fiscal se cimentó en la capacidad de sus empresas para triangular operaciones y distribuir combustible ilegal en al menos 15 estados. La Fiscalía General de la República abrió una investigación formal contra Mefra Fletes, cuyos contratos y operaciones han sido asociados a redes de lavado de dinero y al financiamiento de grupos armados en Michoacán y el noreste del país.

El caso involucró también a Rigoberto Blanco Cantú, hermano mayor de Roberto, detenido en Estados Unidos por operar una red de extorsión aduanal vinculada al Cártel del Golfo. Parte de los ingresos obtenidos por estas actividades habrían financiado ofensivas armadas para el CJNG, según reportes de inteligencia y medios internacionales.

La reacción del gobierno federal incluyó el cese de altos funcionarios portuarios y la reestructuración de áreas estratégicas. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, impulsaron una estrategia para contener la infiltración de redes criminales en los puertos y fortalecer la fiscalización de las operaciones logísticas y aduaneras.

Fuente: EFE