Las declaraciones del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sobre el supuesto “tiempo muerto” en las escuelas después del 15 de junio, desataron una nueva ola de críticas y preocupación entre padres de familia, docentes y especialistas en educación, luego de que el funcionario justificara públicamente la intención de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 hasta el próximo 5 de junio.

Lejos de disminuir la polémica, las palabras del titular de la SEP han sido interpretadas por diversos sectores como una descalificación al trabajo docente y una peligrosa normalización del rezago educativo que enfrenta el país. Y es que la propuesta de reducir varias semanas del calendario escolar surgió originalmente bajo argumentos relacionados con las altas temperaturas en algunas regiones del país y los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026, factores que desde el inicio fueron considerados insuficientes por amplios sectores educativos y sociales.

Ahora, Mario Delgado sostiene que, después de la entrega de calificaciones, muchas escuelas operan únicamente bajo dinámicas administrativas y sin un verdadero propósito pedagógico. Sin embargo, especialistas advierten que esa afirmación desconoce por completo la realidad del trabajo escolar en el cierre de ciclos académicos, donde se realizan procesos de reforzamiento educativo, regularización, evaluación final, integración comunitaria y acompañamiento emocional para millones de estudiantes.

La reacción también se intensificó debido a que el funcionario calificó a las escuelas como una especie de “estancia forzada”, argumentando que el sistema económico pretende que las aulas funcionen como espacios de resguardo infantil mientras los padres trabajan. Para numerosos docentes y organizaciones educativas, el planteamiento resulta sumamente delicado porque minimiza el papel formativo, social y comunitario que cumplen las instituciones educativas, particularmente en regiones con altos niveles de desigualdad y violencia.

Diversas voces han señalado que el discurso del secretario parece trasladar la responsabilidad de los problemas estructurales del país hacia las propias escuelas, en lugar de fortalecer políticas públicas que mejoren infraestructura, condiciones laborales del magisterio y calidad educativa. La crítica se profundiza al considerar que México enfrenta actualmente uno de los mayores rezagos educativos de las últimas décadas, agravado tras la pandemia y por constantes interrupciones en los procesos de aprendizaje.

Además, el anuncio original de adelantar las vacaciones escolares provocó rechazo entre gobiernos estatales, padres de familia y sectores académicos, quienes cuestionaron tanto la improvisación como la falta de estudios técnicos que respalden una modificación de tal magnitud. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir públicamente para matizar las declaraciones de Mario Delgado y señalar que el tema aún sería revisado.

Otro de los puntos que generó controversia fue la afirmación del secretario respecto a que “México no cabe en un solo calendario”, utilizando ejemplos de regiones con condiciones climáticas extremas como Sonora, Tabasco o Oaxaca. Aunque algunos especialistas coinciden en la necesidad de modelos regionales más flexibles, advierten que la solución no puede ser simplemente reducir días de clase sin una estrategia integral que garantice aprendizaje efectivo y protección para estudiantes y maestros.

En medio de la discusión, sectores del magisterio también expresaron inquietud por la narrativa utilizada desde la SEP, al considerar que hablar de “burocracia” y “tiempos muertos” termina por desvalorizar el trabajo que miles de docentes realizan al cierre de cada ciclo escolar. Organizaciones educativas recordaron que, más allá de procesos administrativos, las escuelas continúan siendo espacios fundamentales de desarrollo académico, emocional y social para niñas, niños y adolescentes.

La polémica coloca nuevamente a Mario Delgado bajo fuerte presión política y mediática, en un contexto donde el sistema educativo mexicano enfrenta enormes desafíos de infraestructura, aprendizaje y cobertura. Para muchos críticos, intentar justificar el adelanto de vacaciones con argumentos sobre burocracia escolar y salud mental terminó abriendo un debate mucho más profundo sobre la visión que actualmente tiene el gobierno federal respecto al papel de la educación pública en México.