La llegada de Columba Jazmín López Gutiérrez a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural representa uno de los desafíos más delicados para el gobierno federal, en medio de una crisis estructural que amenaza con profundizar el deterioro del campo mexicano. Así lo advirtió Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien alertó que el agro nacional se encuentra al borde de un escenario crítico derivado del abandono institucional, la dependencia alimentaria y la falta de políticas de fondo para rescatar la producción nacional.

Durante un posicionamiento ante medios de comunicación, el dirigente campesino sostuvo que el problema del campo mexicano dejó de ser únicamente una consecuencia de factores internacionales, como la volatilidad de los precios agrícolas o las fluctuaciones en mercados como la Bolsa de Chicago, para convertirse en una crisis interna de grandes dimensiones. Según explicó, durante años el agro ha sido tratado como una estadística de exportación y no como un eje estratégico de soberanía alimentaria, lo que ha dejado a miles de productores en condiciones de vulnerabilidad frente al incremento de costos, la inflación y los fenómenos climáticos extremos.

Álvaro López Ríos advirtió que el fenómeno de El Niño 2026 ha agravado las condiciones de producción agrícola en diversas regiones del país, mientras la dependencia tecnológica y de insumos importados mantiene al productor mexicano sujeto a factores externos que escapan de su control. A ello se suma —dijo— el abandono progresivo de las 59 razas de maíz nativo, desplazadas por semillas híbridas comerciales que han reducido la rentabilidad de pequeños y medianos agricultores y debilitado la soberanía alimentaria nacional.

El dirigente de la UNTA señaló que la nueva titular de la SADER enfrentará en cuestión de semanas una de sus primeras pruebas de fuego con los productores de maíz en Sinaloa, donde la expectativa de una cosecha de 6.5 millones de toneladas de maíz blanco difícilmente alcanzará los 3.7 millones de toneladas. Además, alertó que los bajos precios internacionales del grano podrían provocar un golpe económico severo para miles de productores, en caso de que el gobierno federal no implemente mecanismos de respaldo inmediatos.

En ese contexto, López Ríos lanzó una advertencia directa sobre el riesgo de repetir errores de la administración anterior encabezada por Julio Berdegué, a quien acusó de mantener distancia con pequeños y medianos productores, privilegiando únicamente reuniones con sectores empresariales nacionales e internacionales. Asimismo, cuestionó la permanencia de funcionarios y grupos internos dentro de la SADER que —afirmó— han obstaculizado el fortalecimiento de la agricultura productiva y han favorecido intereses alejados de las necesidades reales del campo mexicano.

El líder campesino sostuvo que el futuro del agro nacional dependerá de la capacidad de la nueva secretaria para romper con los intereses de corporaciones transnacionales que, según denunció, mantienen fuerte influencia dentro de la dependencia federal. Aseguró que, de continuar una política basada únicamente en transferencias económicas y programas asistencialistas sin inversión en infraestructura científica, tecnológica y productiva, México enfrentará un abandono masivo del campo y una creciente dependencia alimentaria de Estados Unidos.

Entre las medidas urgentes que propuso la UNTA destacan el fortalecimiento de los precios de garantía diferenciados para productores de maíz híbrido y maíz nativo, así como la creación de una Reserva Estratégica de Granos que permita estabilizar el mercado nacional y evitar que los productores malbaraten sus cosechas durante periodos de crisis o sobreoferta. También pidió implementar mecanismos de pignoración con respaldo estatal y blindar el presupuesto destinado al sector primario, al advertir que el incremento nominal de apenas 0.9 por ciento previsto para Agricultura en 2026 representa, en términos reales, un recorte frente a la inflación.

Finalmente, Álvaro López Ríos llamó al gobierno federal a no abandonar a los productores medianos y comerciales de estados agrícolas estratégicos como Sinaloa y Jalisco, quienes —subrayó— garantizan gran parte del abastecimiento alimentario de las ciudades del país y actualmente se sienten excluidos de los programas de apoyo. El dirigente advirtió que, de no corregirse el rumbo de manera inmediata, México podría enfrentar en los próximos años una crisis alimentaria de mayores dimensiones, marcada por menor producción nacional, aumento en las importaciones y una creciente vulnerabilidad económica y social en el sector rural.