Francisco Garfias

Mientras el gobierno de Morena mantiene su defensa hacia Rubén Rocha Moya, insiste en que no hay pruebas y le da protección, en Estados Unidos comienzan a impacientarse.

El gobierno de Trump ve el caso como prueba de la “alianza intolerable” entre políticos y cárteles. Usa esta acusación para condicionar la cooperación bilateral (seguridad, T-MEC, migración…).

Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, lo llaman “Rubicón cruzado” (punto de no retorno). Dicen que no es sólo presión discreta, sino acción pública contra un gobernador de otro país.

  • Y mientras en el segundo piso de la Cuarta Transformación se multiplican los discursos de soberanitis, la oposición comienza a pasar de la reacción a los hechos.

El PAN adelantó ayer que llevará el caso Rocha Moya a la Corte Internacional Justicia de La Haya. Alega crímenes de “lesa humanidad” derivados de la presunta asociación del gobierno de Morena en Sinaloa y Los Chapitos.

El anuncio lo hicieron conjuntamente Jorge Romero, jefe nacional del PAN; Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada azul en el Senado, y Elías Lixa, líder de la bancada en diputados.

Presentaron también una demanda de juicio político en contra del gobernador con licencia de Sinaloa.

“No estamos frente a un asunto partidista, sino frente a una posible captura criminal del poder político que vulnera la democracia y la soberanía popular”, explicó Lixa.

Y clavó el rejón: “La soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los ‘narcopolíticos’”.

El próximo miércoles, en el marco de la Comisión Permanente, el PAN pedirá oficialmente la desaparición de poderes en Sinaloa. Alega que los tres poderes estatales están involucrados con el narcotráfico.

El escenario de la conferencia fue el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En una larga manta guinda colocada frente a los pesos pesados del blanquiazul y diputados de esa bancada que los acompañaban en la conferencia se leía: “#Soberanía Sí Narcogobierno No. Presidenta, Entregue a Rocha”.

  • Al terminar la conferencia platicamos con el siempre perspicaz Germán Martínez sobre el riesgo interno que corre la presidenta Sheinbaum si entrega a Rocha Moya y otros nueve funcionarios a Estados Unidos.

“El costo para Morena es que se desgrane la mazorca, que canten lo que allí traen. Jurídicamente se responde de una manera, pero políticamente se responde de otra”, dijo.

Hizo una observación de porqué no se habla: si las pruebas se ventilan públicamente, se pudren. Zaldívar le llamó efecto corruptor.

Precisó:

“Exhibir las pruebas las debilita. Deben mantenerse en la secrecía parte de esas pruebas. La Presidenta quiere que le den las pruebas para exhibirlas, podrirlas y tener el efecto corruptor.

“Si las ventilas ante alguien que no sea un juez, antes del juicio, no van a servir. Jurídicamente lo veo como una maniobra para que exista ese efecto corruptor y no tengan validez a la hora del juicio”.

—¿México tiene capacidad para no entregar a Rocha Moya?

—No, el gobierno de Estados Unidos tiene algo más poderoso que los aranceles: las remesas.

—¿Qué sería de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán si le suben el impuesto (1%) a las remesas? —preguntó.

—¿Ves viable una intervención tipo Maduro para llevarse a quien acusan de narcopolítico? —le preguntamos.

—Una operación encubierta no es deseable. No deben de mancillar nuestro suelo. Por eso es mejor cooperar. Hay acuerdos de cooperación. Están en la Ley de Seguridad Nacional —reviró.

Y dijo más: “Económicamente, sí hay cómo apretar a México. Políticamente no hay embajador. Tercero: van a sacar otra (lista) y, cuarto: ahora sí van a solicitar la extradición (directa) que no han solicitado”.

  • Muy duro el informe de la CIDH de la OEA sobre los desaparecidos en México (238 páginas). A ver si no saca ronchas en Palacio Nacional.

Entre sus conclusiones, dice:

“La desaparición de personas representa, en la actualidad, una grave crisis de derechos humanos en México, con más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos bajo custodia”.

El Informe destaca que las modalidades de las desapariciones se han transformado en las últimas dos décadas:

“De las desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990, ya reconocidas por el Estado, a desapariciones cometidas en contexto de violencia por el crimen organizado”.

Aunque matiza: “Las desapariciones cometidas por agentes estatales aún no han sido erradicadas en México”.

¡Gulp!

Publicado en excelsior