La presión judicial de Estados Unidos sobre exfuncionarios del gobierno de Sinaloa continúa escalando. Este jueves trascendió de manera oficial, a través de registros judiciales federales estadounidenses y reportes de la agencia Reuters, que Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya se encuentra bajo custodia de autoridades norteamericanas y compareció ante una corte federal en Tucson, Arizona, dentro del expediente que investiga presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

De acuerdo con la información difundida desde Estados Unidos, Mérida Sánchez forma parte del grupo de exservidores públicos señalados por el Departamento de Justicia norteamericano por supuestamente brindar protección, recibir sobornos y alertar sobre operativos de seguridad relacionados con integrantes de la organización criminal. La comparecencia del ex titular de Seguridad representa uno de los golpes más delicados para el entorno político y de seguridad de Sinaloa, debido a que hasta hace apenas unos días el exfuncionario promovía amparos en México para evitar una posible captura o extradición.

Aunque las autoridades estadounidenses ya confirmaron que Mérida Sánchez está en su poder, hasta el momento no se ha precisado públicamente si fue detenido al ingresar a territorio norteamericano, si existió una entrega negociada o si decidió presentarse de manera voluntaria ante autoridades federales de aquel país. Del lado mexicano tampoco existe, hasta ahora, un posicionamiento oficial que confirme una extradición formal por parte del gobierno federal.

El caso ha generado una fuerte sacudida política debido a que el nombre del ex secretario de Seguridad aparece dentro de las investigaciones federales abiertas en Nueva York contra una presunta red de protección institucional vinculada al crimen organizado en Sinaloa. La ofensiva judicial estadounidense se ha convertido en uno de los episodios más tensos para el gobierno sinaloense, particularmente por los señalamientos que han comenzado a alcanzar a exfuncionarios de alto nivel.

En contraste, sobre Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Finanzas de Sinaloa, no existe hasta este momento ninguna confirmación oficial de detención, entrega o comparecencia judicial en Estados Unidos. Si bien en días recientes circularon versiones periodísticas y filtraciones políticas que apuntan a que presuntamente estaría negociando algún tipo de acuerdo de cooperación con autoridades norteamericanas, la realidad es que no hay documentos judiciales públicos, fichas de arresto, comunicados del Departamento de Justicia ni registros federales que acrediten legalmente dicha versión.

Lo único confirmado en torno a Enrique Díaz es que su nombre apareció dentro de las acusaciones federales dadas a conocer por autoridades estadounidenses en el marco de las investigaciones contra funcionarios ligados presuntamente a estructuras del narcotráfico en Sinaloa. Sin embargo, cualquier versión relacionada con una captura, entrega voluntaria o acuerdo como testigo protegido permanece, por ahora, en el terreno de la especulación y sin sustento oficial verificable.