Un nuevo escándalo de presuntos abusos laborales y autoritarismo sacude al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de que trabajadores de la sucursal “Society”, ubicada dentro del establecimiento “Salón República”, denunciaran públicamente una serie de atropellos, despidos masivos, amenazas y violaciones sistemáticas a la Ley Federal del Trabajo presuntamente cometidas por Daniel Guzmán Calvo, quien asumió el control operativo del negocio el pasado 6 de abril de 2026. El caso, documentado por el periodista Jesús Moctezuma Ojeda en el portal fermoctezuma.news, describe un ambiente de terror laboral, prepotencia y humillaciones dentro de un recinto que paradójicamente representa el espacio donde se crean las leyes del país.

De acuerdo con el reportaje, la llegada de Guzmán Calvo estuvo marcada por una política de hostigamiento contra el personal operativo. Apenas un día después de asumir funciones, el nuevo administrador habría protagonizado confrontaciones con empleados durante una inspección de insumos, desacreditando protocolos técnicos y señalando supuestas irregularidades sanitarias sin sustento profesional. Los trabajadores denunciaron que el directivo recurrió constantemente a gritos, descalificaciones y conductas ofensivas, ignorando las explicaciones del personal capacitado. La situación escaló el 8 de abril, cuando una presunta mala decisión operativa provocó desabasto de productos básicos durante una sesión legislativa, situación que habría derivado en despidos inmediatos y presiones psicológicas contra trabajadores, ejecutadas —según las denuncias— mediante abogados y personal administrativo que buscaban obligarlos a firmar renuncias voluntarias.

El reportaje también pone bajo severo cuestionamiento el perfil profesional de Daniel Guzmán Calvo. Aunque presume estudios en Administración de Empresas por la UVM, la investigación sostiene que no cuenta con título profesional, exhibiendo únicamente documentación parcial o técnica, situación que ha generado críticas sobre la legitimidad de sus decisiones administrativas y operativas. A ello se suma un historial laboral descrito como inestable dentro del sector restaurantero, con permanencias breves en distintos grupos empresariales. Según los testimonios recopilados, Guzmán Calvo habría utilizado supuestas acusaciones de “comida contaminada” como mecanismo para justificar despidos y desmontar un equipo de trabajo que contaba con evaluaciones superiores al 90% bajo el Distintivo H y la NOM-251-SSA1-2009. Incluso, trabajadores aseguran que abogados de la empresa reconocieron que las denuncias sanitarias provenían de “un amigo del gerente”, lo que reforzaría la sospecha de un montaje interno para deshacerse del personal sin asumir responsabilidades legales.

Las acusaciones adquieren mayor gravedad debido a las presuntas violaciones directas a la Ley Federal del Trabajo. Los empleados denunciaron la eliminación unilateral del pago de horas extras, jornadas extendidas sin remuneración, cancelación de apoyos de transporte nocturno y restricciones para acceder a horarios de comida. Asimismo, señalaron que nunca recibieron copia de sus contratos individuales de trabajo, quedando en estado de indefensión jurídica. También acusaron opacidad financiera relacionada con el reparto de utilidades (PTU), pese a que la empresa opera diversas sucursales y mantiene pagos vía transferencia electrónica, documentos que ahora forman parte de las pruebas que los afectados aseguran tener en su poder.

Uno de los episodios más delicados narrados en la investigación ocurrió tras los despidos del 8 de abril, cuando los trabajadores presuntamente fueron intimidados por representantes legales de la empresa, quienes les advirtieron que cualquier juicio laboral tardaría años y no tendría consecuencias para la compañía. Después de las presiones, los empleados fueron escoltados por personal de seguridad privada hasta las salidas de la Cámara de Diputados, hecho que ha sido interpretado por las víctimas como un uso intimidatorio de las instalaciones federales para consumar actos de abuso patronal. Los denunciantes aseguran contar con videos, grabaciones y evidencia documental que demostrarían los actos de nepotismo, humillaciones, amenazas y malos tratos cometidos dentro del recinto legislativo.

La dimensión política del caso también comienza a generar cuestionamientos dentro de San Lázaro, debido a que los presuntos abusos habrían ocurrido en un espacio bajo la responsabilidad institucional de la Junta de Coordinación Política encabezada por Ricardo Monreal, quien históricamente se ha pronunciado públicamente en favor del respeto institucional y los derechos laborales, por lo que trabajadores consideran extraño que este tipo de conductas hayan escalado dentro de un recinto legislativo sin una intervención inmediata. A ello se suma la presencia en la Cámara de Diputados de Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización que presume la defensa de los trabajadores, pero que hasta ahora no habría fijado postura sobre las denuncias de hostigamiento y presunta coacción laboral ocurridas dentro del Palacio Legislativo.

El caso ha comenzado a exhibir una severa contradicción política y moral al interior de San Lázaro: mientras desde la tribuna legislativa se impulsan reformas en favor de los derechos laborales y la dignidad del trabajador, empleados denuncian que dentro del propio recinto federal se estarían cometiendo prácticas de intimidación, abuso patronal y presuntas violaciones a la ley. Hasta el momento, ni Daniel Guzmán Calvo ni los responsables administrativos del establecimiento han emitido una postura pública sobre las acusaciones expuestas en el reportaje publicado por el periodista Jesús Moctezuma Ojeda.