La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la iniciativa presidencial para aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028 representa una oportunidad para corregir las deficiencias de la reforma judicial impulsada por Morena, al tiempo que lanzó severos cuestionamientos sobre la situación política y de seguridad en Sinaloa, los presuntos nexos de funcionarios con el crimen organizado y el papel del gobierno federal frente a estos casos.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora panista confirmó que la Cámara de Diputados se encuentra a la espera de recibir la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la fecha de la elección judicial y realizar ajustes adicionales a la reforma constitucional en materia judicial. Explicó que el documento deberá ser recibido formalmente por la Comisión Permanente y posteriormente turnado a la Cámara de Diputados como cámara de origen para iniciar el proceso legislativo correspondiente.

Kenia López señaló que el eventual periodo extraordinario podría realizarse la próxima semana y sostuvo que el Congreso aún está dentro de los plazos constitucionales para modificar aspectos relacionados con el proceso electoral judicial. Sin embargo, enfatizó que la discusión no debe limitarse únicamente al cambio de fecha, sino abrir la puerta a una revisión profunda del modelo aprobado por Morena.

“Es una gran oportunidad para corregir la reforma judicial”, afirmó la diputada, al insistir en que deben revisarse mecanismos que permitieron la aparición de los llamados “juzgadores de acordeón” y evitar que perfiles sin trayectoria judicial lleguen al Poder Judicial mediante esquemas de insaculación o decisiones políticas. También defendió la necesidad de preservar las carreras judiciales construidas durante décadas y fortalecer la preparación técnica de quienes aspiren a cargos jurisdiccionales.

Durante la conferencia, la legisladora también fue cuestionada sobre la posibilidad de que la elección judicial pudiera coincidir en 2028 con un eventual ejercicio de revocación de mandato presidencial. López Rabadán reconoció que se trata de una posibilidad real y consideró que, de plantearse formalmente, el tema requerirá un debate nacional debido a sus implicaciones políticas y electorales.

La diputada panista aprovechó además el encuentro con medios para endurecer sus críticas contra Morena en materia de seguridad y narcotráfico, particularmente tras la polémica generada por la situación de exfuncionarios sinaloenses presuntamente ligados al crimen organizado y señalados por autoridades estadounidenses. En ese contexto, defendió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras las movilizaciones y amenazas de juicio político impulsadas por Morena luego del desmantelamiento de un narcolaboratorio en aquella entidad.

“Hay una fuerte contienda entre quienes combaten al crimen organizado y quienes lo defienden o se alían con él”, declaró López Rabadán, quien sostuvo que las pruebas sobre presuntos vínculos criminales de actores políticos “ya se fueron a entregar a Estados Unidos”.

La presidenta de la Mesa Directiva también cuestionó el manejo del gobierno federal respecto a los exfuncionarios de Sinaloa que presuntamente se entregaron ante autoridades estadounidenses. Consideró que el caso constituye “una herida abierta” para México y advirtió que podría representar apenas “la punta del iceberg” sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y de gobierno.

“Es brutalmente lastimoso que quienes fueron señalados hayan decidido entregarse en Estados Unidos; eso refleja que no confiaron en el sistema mexicano”, afirmó la legisladora, quien además sostuvo que los políticos que se enriquecen ilícitamente o pactan con grupos criminales deberían enfrentar la cárcel.

En otro tema, Kenia López informó sobre su participación en actividades académicas impulsadas desde la Universidad Nacional Autónoma de México relacionadas con inteligencia artificial, donde se presentó una ruta de análisis denominada CCOIA, enfocada en construir propuestas académicas y legislativas sobre el impacto de esta tecnología en el país. La legisladora consideró que el Congreso debe acompañar estos esfuerzos para generar marcos normativos adecuados frente a la nueva realidad tecnológica.

Finalmente, la diputada panista reiteró que la Cámara de Diputados se mantendrá atenta a la llegada de la iniciativa presidencial y aseguró que el Congreso tiene la responsabilidad de deliberar con “altura de miras” para garantizar un Poder Judicial fuerte, profesional y alejado de mecanismos políticos que —según dijo— debiliten la justicia en México.