La LXII Legislatura del Estado de México aprobó la minuta de reforma constitucional enviada por el Congreso de la Unión para aplazar la elección judicial federal hasta el primer domingo de junio de 2028, modificación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por las bancadas de Morena, PT y PVEM en el Congreso mexiquense.

La iniciativa fue avalada durante el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones con el voto a favor de los grupos parlamentarios oficialistas, mientras que PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD manifestaron su rechazo al considerar que la reforma representa un ajuste improvisado a un modelo judicial que, desde su origen, ha sido cuestionado por diversos sectores políticos y jurídicos.

La minuta establece que la elección judicial, originalmente prevista para 2027, se celebrará hasta 2028, además de incluir modificaciones relacionadas con la revocación de mandato presidencial, la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la permanencia de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entre los puntos centrales de la reforma se establece que la consulta de revocación de mandato de la Presidencia de la República se realizará el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, pudiendo coincidir con elecciones federales o locales.

Asimismo, se determina que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuyo encargo concluiría en 2027, permanecerán en funciones hasta 2028 y podrán competir por un nuevo periodo en la elección judicial federal, disposición que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

La minuta también redefine aspectos estructurales del Poder Judicial, como la integración de la Suprema Corte, que quedará conformada por nueve ministras y ministros, así como un esquema de presidencia rotatoria cada dos años con base en la votación obtenida por cada candidatura.

Otro de los cambios relevantes es que jueces y magistrados electos en 2028 permanecerán en el cargo durante ocho años, concluyendo funciones en 2036. Además, se crea una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargada de homologar criterios de evaluación, selección y exámenes de conocimientos para aspirantes judiciales.

Durante el debate legislativo, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, defendió la reforma y aseguró que el nuevo Poder Judicial ya muestra avances importantes en cercanía con la ciudadanía y mecanismos de justicia social, como audiencias públicas, juicios en línea y programas de atención a mujeres víctimas de violencia.

El legislador argumentó que el aplazamiento permitirá perfeccionar el modelo judicial y fortalecer la coordinación entre los comités de evaluación para garantizar perfiles con capacidad técnica y honestidad.

En contraste, la diputada panista Joanna Alejandra Felipe Torres advirtió que el proceso mantiene riesgos de simulación y uso de mecanismos políticos de control, como los llamados “acordeones”, además de considerar que la coincidencia entre la revocación de mandato y procesos electorales genera condiciones inequitativas en favor del partido gobernante.

La legisladora sostuvo que la narrativa oficial sobre democratización judicial es engañosa y afirmó que la reforma no atiende problemas estructurales del sistema de justicia, como el fortalecimiento de fiscalías, policías o defensorías públicas.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Salinas Reyes afirmó que la reforma judicial nació con deficiencias y acusó que el oficialismo ahora intenta “poner parches” a un modelo que originalmente desestimó mecanismos de capacitación y profesionalización judicial.

La emecista recordó que su bancada propuso incorporar desde el inicio la participación de la Escuela Nacional de Formación Judicial, propuesta que fue rechazada durante la discusión inicial de la reforma estatal al Poder Judicial.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, consideró que el aplazamiento de la elección confirma las deficiencias técnicas y políticas de la reforma impulsada por Morena.

El perredista cuestionó particularmente la posibilidad de que la revocación de mandato coincida con elecciones constitucionales y criticó la ampliación de la permanencia de magistraturas electorales, al considerar que refleja un intento del oficialismo por mantener control político sobre las instituciones encargadas de arbitrar futuras elecciones.

La aprobación de esta minuta convierte al Congreso mexiquense en una de las legislaturas estatales que respaldan la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo federal, en medio de un intenso debate nacional sobre los alcances de la elección popular de integrantes del Poder Judicial y sus implicaciones para la autonomía judicial y el sistema democrático mexicano.