La exmagistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, lanzó una nueva advertencia sobre los posibles riesgos institucionales y de legitimidad que podrían surgir rumbo a la elección judicial de 2028, particularmente en torno al papel que desempeñarán las magistraturas electorales encargadas de calificar y resolver las impugnaciones del propio proceso.

A través de su cuenta en X, la exintegrante del máximo órgano jurisdiccional electoral cuestionó qué ocurrirá si cuatro magistraturas de la Sala Superior —o incluso la totalidad del Pleno— deciden buscar la reelección durante la jornada electoral judicial prevista para 2028.

“¿Con qué legitimación van a resolver las impugnaciones contra el proceso de elección judicial de 2028? ¿Qué legitimidad tendrá esa elección judicial? Serán juez y parte”, escribió la exmagistrada, al advertir un posible conflicto de interés dentro del nuevo modelo de elección de integrantes del Poder Judicial.

Las declaraciones de Janine Otálora se producen en medio del intenso debate nacional derivado de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, la cual plantea que ministros, magistrados y jueces sean electos mediante voto popular, modificando de fondo el sistema tradicional de designación dentro del Poder Judicial de la Federación.

Desde que comenzó la discusión de la reforma, diversos especialistas, académicos, organismos internacionales y exintegrantes del Poder Judicial han manifestado preocupación sobre la independencia judicial, la imparcialidad de los órganos electorales y los riesgos de politización que podría enfrentar el sistema de justicia mexicano.

En particular, uno de los temas que más controversia ha generado es el rol que desempeñará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante las futuras elecciones judiciales, debido a que será la instancia responsable de resolver controversias, validar resultados y calificar posibles irregularidades del proceso.

La preocupación expuesta por Otálora radica en que magistrados electorales que aspiren a mantenerse en sus cargos mediante elección popular podrían terminar resolviendo impugnaciones relacionadas con un proceso del cual serían participantes directos, situación que, advirtió implícitamente, podría afectar la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.

Durante su trayectoria en el Tribunal Electoral, Janine Otálora encabezó resoluciones de alta relevancia nacional y fue una de las voces que en distintos momentos defendió la autonomía de los órganos jurisdiccionales y la necesidad de mantener contrapesos dentro del sistema democrático mexicano.

Las declaraciones de la exmagistrada se suman a una creciente discusión pública sobre los alcances de la reforma judicial y las implicaciones que tendrá la elección popular de juzgadores, particularmente ante el escenario de 2028, cuando se prevé una compleja reorganización institucional del Poder Judicial y de los órganos encargados de arbitrar los procesos electorales.