Tras más de dos días de intensos debates, acusaciones y confrontaciones políticas, el Senado de la República aprobó durante las sesiones extraordinarias del 28 y 29 de mayo de 2026 las reformas constitucionales y legales impulsadas por Morena y sus aliados para modificar el modelo de elección del Poder Judicial y establecer nuevas reglas en materia electoral relacionadas con la injerencia extranjera.

La mayoría oficialista defendió las reformas como un paso necesario para fortalecer la democracia, transparentar la elección de jueces y magistrados y consolidar un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía. En contraste, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que las modificaciones representan un intento de Morena por controlar políticamente la justicia y construir herramientas para intervenir en futuros procesos electorales.

Uno de los principales puntos aprobados fue el aplazamiento de la elección judicial originalmente prevista para 2027, la cual ahora se realizará en junio de 2028. Morena argumentó que la medida responde a razones técnicas y operativas debido a la coincidencia de elecciones federales, estatales y judiciales en prácticamente todo el país, lo que implicaría una carga electoral sin precedentes.

Durante la discusión, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo sostuvieron que las reformas fortalecen la legitimidad democrática del Poder Judicial mediante mecanismos más transparentes y procesos de evaluación más rigurosos para quienes aspiren a ocupar cargos judiciales.

Sin embargo, la oposición calificó la reforma como una admisión del fracaso del modelo judicial aprobado en 2024. Senadores del PRI acusaron que Morena destruyó la carrera judicial, debilitó la división de poderes y provocó incertidumbre jurídica y económica en el país. También denunciaron riesgos de manipulación política en las futuras elecciones judiciales mediante el uso de “acordeones”, operación partidista y posible infiltración del crimen organizado.

La discusión también estuvo marcada por la aprobación de la reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera. Morena aseguró que la medida busca blindar la soberanía nacional frente a presiones externas e intentos de injerencia internacional en elecciones mexicanas.

No obstante, Movimiento Ciudadano y el PRI advirtieron que la redacción aprobada es ambigua y podría convertirse en una herramienta política para anular elecciones incómodas para el oficialismo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que la reforma abre la puerta a interpretaciones discrecionales y acusó que Morena pretende construir una “póliza de seguro electoral” rumbo a los comicios de 2027 y 2028.

Por su parte, la senadora priista Mely Romero sostuvo que la Constitución ya protege la soberanía nacional y acusó que la verdadera intención de Morena es otorgarse facultades para judicializar resultados electorales adversos bajo argumentos ambiguos relacionados con desinformación o presión mediática internacional.

Las sesiones estuvieron acompañadas de fuertes intercambios verbales entre legisladores oficialistas y de oposición, particularmente en torno al caso del senador con licencia Enrique Inzunza y los señalamientos realizados por políticos opositores sobre presuntos vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado.

En medio de la polarización política, Morena defendió que las reformas representan la continuidad de la transformación institucional impulsada por la Cuarta Transformación, mientras que la oposición advirtió que las modificaciones ponen en riesgo la autonomía judicial, la certeza democrática y la estabilidad política del país.

Con la aprobación de las reformas en el Senado, los cambios constitucionales avanzan en su proceso legislativo para su eventual entrada en vigor, en uno de los debates más tensos y confrontados del actual periodo extraordinario del Congreso de la Unión.