El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la reforma al Poder Judicial permitirá construir un proceso más claro, ordenado y democrático para la elección de jueces y magistrados en México, al considerar que este nuevo modelo fortalecerá la participación ciudadana y dará mayor legitimidad a quienes impartan justicia en el país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador destacó que la mayoría legislativa respaldó la reforma con el propósito de que las y los ciudadanos sean quienes decidan, mediante el voto libre y directo, quiénes ocuparán los cargos dentro del sistema judicial, dejando atrás los mecanismos que, afirmó, privilegiaban acuerdos entre grupos de poder.

Ignacio Mier recordó que la elección de personas juzgadoras se realizará hasta el año 2028, luego de que el Congreso de la Unión aprobara modificaciones para evitar que este proceso electoral coincida con las elecciones intermedias de 2027, en las que estarán en disputa diputaciones, gubernaturas y ayuntamientos en diversas entidades del país.

El senador subrayó que este ajuste permitirá brindar mayor orden y claridad a los comicios relacionados con el Poder Judicial, además de facilitar la participación ciudadana en un ejercicio que calificó como histórico para la vida democrática de México.

“El pueblo decidirá”, sostuvo el legislador, al enfatizar que las y los jueces ya no serán definidos “por cúpulas, cuates o cuotas”, sino mediante el sufragio popular, como parte de la transformación impulsada por la mayoría legislativa en el Congreso.

Asimismo, defendió que la reforma judicial representa “un gran paso” para fortalecer el derecho de las y los mexicanos a elegir directamente a las personas encargadas de impartir justicia, pese a las críticas y señalamientos que ha recibido el proyecto desde distintos sectores nacionales e internacionales.

Ignacio Mier también señaló que, más allá de presiones externas o intereses económicos, la soberanía del país reside en la voluntad popular, al afirmar que son las y los ciudadanos quienes deben definir el rumbo de las instituciones nacionales y consolidar un modelo judicial que responda a las necesidades del pueblo mexicano.