Por Daniel Lee

Paisano esto te interesa: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) analiza la posibilidad de adquirir información proveniente de la industria de la publicidad digital para fortalecer sus procesos de investigación y localización de personas, una medida que podría otorgarle acceso a datos sobre hábitos de consumo, navegación en internet, uso de aplicaciones y actividad en redes sociales de millones de individuos.

Toma nota: es una nueva dimensión de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Aunque oficialmente la solicitud de información emitida por ICE en enero pasado tiene fines exploratorios, especialistas en tecnología, privacidad y derechos civiles advierten que el proyecto podría abrir la puerta a una de las formas de vigilancia gubernamental más amplias y sofisticadas de los últimos años.

Lo que está sobre la mesa no es una herramienta convencional de investigación criminal. Se trata de la posibilidad de que una agencia federal tenga acceso a enormes cantidades de información obtenida a partir de nuestras actividades cotidianas en internet: los sitios que visitamos, las aplicaciones que utilizamos, las búsquedas que realizamos, las compras que efectuamos e incluso los lugares que frecuentamos gracias a los sistemas de geolocalización incorporados en innumerables plataformas digitales.

El problema trasciende el debate migratorio. Lo que está en juego es un principio fundamental de cualquier democracia: los límites que deben existir entre el Estado y la vida privada de las personas. Diversos especialistas y legisladores estadounidenses han advertido que la compra de datos comerciales puede convertirse en una vía para esquivar las protecciones constitucionales establecidas en la Cuarta Enmienda. En otras palabras, el gobierno podría obtener mediante una transacción comercial información que, en circunstancias normales, exigiría la autorización de un juez.

En este contexto, Agrupaciones binacionales como #FuerzaMigrante han denunciado reiteradamente que las políticas impulsadas por la administración Trump han evolucionado de los operativos físicos y las redadas tradicionales hacia mecanismos cada vez más sofisticados de vigilancia y control. La posibilidad de que ICE acceda a información derivada de hábitos digitales, geolocalización y actividad en línea representaría un salto cualitativo que convertiría la vida cotidiana de millones de personas en una fuente permanente de inteligencia gubernamental. Para las organizaciones migrantes, el riesgo es evidente: la criminalización de la migración podría extenderse ahora al espacio digital, debilitando garantías fundamentales de privacidad, debido proceso y libertades civiles.

La pregunta es: si una agencia puede comprar nuestros datos sin supervisión judicial efectiva, ¿qué impide que otras dependencias hagan exactamente lo mismo? Hoy el objetivo pueden ser los migrantes. Mañana podrían ser activistas, periodistas, opositores políticos o cualquier grupo considerado incómodo para el poder.

La situación también desnuda la enorme responsabilidad de las empresas tecnológicas y publicitarias. Durante años aseguraron que la recopilación de datos tenía fines comerciales y de personalización. Sin embargo, cuando esos mismos datos pueden terminar en manos de agencias gubernamentales con fines de vigilancia, queda claro que el problema nunca fue únicamente comercial. El verdadero negocio siempre fue el acceso a la vida privada de millones de personas.

Si bien la tecnología ofrece oportunidades extraordinarias para mejorar la vida de las personas, también puede convertirse en una herramienta de control sin precedentes cuando desaparecen los límites democráticos. La posibilidad de que ICE utilice el ecosistema de publicidad digital para fortalecer sus operaciones no es simplemente una innovación tecnológica. Es un paso más hacia la normalización de una vigilancia masiva que amenaza derechos fundamentales.

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