La iniciativa plantea sanciones de hasta tres años de prisión, multas y medidas de reeducación; servidores públicos enfrentarían castigos más severos

Con el objetivo de fortalecer el combate a la discriminación y cerrar vacíos legales en materia de derechos humanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para incorporar de manera expresa el delito de racismo en el Código Penal Federal.

La propuesta, impulsada por las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, bajo la coordinación del senador Alberto Anaya, busca crear un nuevo capítulo denominado “Racismo”, con el propósito de reconocer, prevenir y sancionar esta conducta de forma específica, diferenciándola de otras manifestaciones de discriminación.

La iniciativa contempla sanciones de uno a tres años de prisión o trabajo en favor de la comunidad para quienes incurran en actos de racismo, además de multas económicas, reparación integral del daño y programas obligatorios de reeducación en materia de derechos humanos.

Asimismo, establece agravantes para los servidores públicos que cometan este tipo de conductas. En esos casos, la pena podría incrementarse hasta en una mitad, además de contemplar la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante un periodo de cinco años.

Durante la presentación de la propuesta ante el Senado de la República, la senadora Liz Sánchez sostuvo que, aunque la legislación mexicana sanciona la discriminación, aún existen limitaciones para identificar y castigar de manera puntual las distintas expresiones del racismo que persisten en la vida cotidiana.

La legisladora poblana señaló que la ausencia de una tipificación específica genera espacios de interpretación que pueden derivar en respuestas institucionales insuficientes frente a conductas que vulneran la dignidad de las personas por razones relacionadas con el color de piel, origen étnico o racial, nacionalidad, lengua o condición social.

La iniciativa plantea considerar como actos de racismo todas aquellas expresiones, manifestaciones o acciones que tengan por objeto o resultado menoscabar derechos, restringir oportunidades o afectar la dignidad de una persona o grupo por motivos relacionados con su origen o identidad.

Liz Sánchez enfatizó que el racismo no constituye un fenómeno aislado, sino una problemática estructural que se manifiesta en ámbitos sociales, económicos y culturales, mediante mecanismos de exclusión, violencia simbólica y prácticas que perpetúan desigualdades históricas.

Como sustento de la propuesta, las legisladoras citaron datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la cual revela que el 13.1 por ciento de las personas mayores de edad afirmó haber sido víctima de algún acto de discriminación durante el año previo al levantamiento del estudio, equivalente a más de 10.8 millones de personas.

De acuerdo con el mismo informe, las personas con tonos de piel medios y oscuros, que representan más del 70 por ciento de la población mexicana, reportan mayores niveles de experiencias discriminatorias, lo que evidencia la persistencia de prácticas asociadas al racismo en distintos espacios de la vida pública y privada.

Las promoventes destacaron que la iniciativa no solo busca establecer sanciones penales, sino también enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de construir una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la dignidad humana.

Finalmente, la propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado para su análisis, discusión y eventual dictaminación.