Ciudad de México.- Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y garantizar que prevalezca el interés superior de la niñez, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que las personas responsables de causar lesiones u homicidios culposos a menores de edad puedan ser investigadas y sancionadas penalmente, incluso cuando exista un vínculo familiar con la víctima.

La legisladora planteó modificar las disposiciones legales que actualmente impiden proceder penalmente en determinados casos cuando el responsable del hecho es un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado de la víctima, situación que, afirmó, puede derivar en escenarios de impunidad cuando existen actos de negligencia o descuido que terminan afectando gravemente a menores de edad.

Juanita Guerra explicó que la propuesta busca atender especialmente aquellos casos relacionados con accidentes de tránsito, en los que niñas, niños o adolescentes resultan lesionados o pierden la vida debido a que viajaban sin los sistemas de retención infantil adecuados o por omisiones atribuibles a los adultos responsables de su cuidado.

La senadora señaló que organismos internacionales han advertido sobre la gravedad de las lesiones infantiles derivadas de accidentes y descuidos. Citó datos de la Organización Mundial de la Salud que indican que cada hora fallecen alrededor de 100 menores en el mundo como consecuencia de lesiones, de las cuales cerca del 90 por ciento son no intencionales, aunque muchas de ellas podrían prevenirse mediante medidas adecuadas de protección y seguridad.

Asimismo, destacó que una proporción importante de los accidentes que ocasionan la muerte de menores ocurre dentro del hogar o en entornos donde los padres o cuidadores se encuentran presentes. De igual forma, recordó que los accidentes automovilísticos continúan siendo una de las principales causas de fallecimiento entre niñas y niños de entre uno y nueve años de edad.

La legisladora advirtió que en México todavía es frecuente observar a menores viajando en vehículos sin sillas especiales, portabebés o sistemas de retención infantil adecuados para su edad y estatura, situación que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales en caso de un percance vial.

Explicó que los cinturones de seguridad convencionales de los automóviles no ofrecen una protección suficiente para menores de edad, particularmente para quienes miden menos de 1.45 metros, por lo que resulta indispensable que los adultos responsables adopten medidas preventivas que garanticen su seguridad durante los traslados.

Actualmente, el Artículo 321 Bis del Código Penal Federal establece que no se procederá penalmente contra quien cause de manera culposa lesiones u homicidio en agravio de determinados familiares directos, salvo en casos donde el responsable se encuentre bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, o cuando abandone a la víctima sin prestarle auxilio.

Sin embargo, Juanita Guerra consideró que dicha disposición resulta insuficiente cuando se trata de proteger los derechos de la niñez, ya que una conducta negligente puede generar daños irreparables en la integridad física, emocional o incluso en la vida de un menor.

“No es correcto que una persona adulta que por descuido o negligencia ocasione lesiones o la muerte de un bebé, niña, niño o adolescente quede exenta de responsabilidad penal únicamente por existir un vínculo familiar”, sostuvo.

La senadora enfatizó que las lesiones y homicidios culposos cometidos contra menores de edad no deben quedar impunes por razones de parentesco, ya que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier otra consideración jurídica.

Finalmente, subrayó que cada caso en el que exista una posible omisión, negligencia o falta de cuidado deberá ser investigado por las autoridades competentes para determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas, independientemente de la relación familiar que exista entre el responsable y el menor afectado.

La propuesta busca reforzar los mecanismos de protección de la infancia en México y generar mayores condiciones de seguridad para niñas, niños y adolescentes tanto dentro del hogar como en espacios públicos, especialmente en materia de prevención de accidentes y responsabilidad de los adultos encargados de su cuidado.