El ex procurador general de la República advierte sobre el debilitamiento de las instituciones, la expansión de la delincuencia organizada y la subordinación de órganos fundamentales del Estado

Primera de tres partes

Por Edmundo Cázarez C.

Ciudad de México.- Con más de cinco décadas de trayectoria jurídica, una carrera que lo llevó a ocupar la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal, la Embajada de México en Francia y la Rectoría de la Escuela Libre de Derecho, Ignacio Morales Lechuga observa con preocupación el rumbo que ha tomado el país.

A sus casi 80 años de edad, el reconocido abogado, notario público y ex servidor público considera que México atraviesa una de las etapas más delicadas de su vida institucional, marcada por el debilitamiento de los contrapesos democráticos, el crecimiento de la delincuencia organizada y una corrupción que, asegura, ha alcanzado niveles alarmantes durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Durante una entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, Morales Lechuga lanzó una severa crítica al modelo político impulsado desde 2018 y advirtió que el país enfrenta una auténtica crisis institucional cuyos efectos podrían prolongarse durante muchos años.

“Me siento afectado porque el rumbo que ha tomado el país no es el adecuado. Veo cómo nuestras instituciones están perdiendo fuerza, vigor y capacidad de respuesta, cuando deberían estar respaldadas por toda la sociedad”, afirmó.

Desde su despacho en la Notaría Pública 116 de la Ciudad de México, rodeado de obras de arte, esculturas prehispánicas y una vasta biblioteca jurídica acumulada a lo largo de décadas, el ex procurador reflexiona sobre el presente nacional con la misma contundencia con la que ejerció cargos de alta responsabilidad en distintos momentos de la vida pública mexicana.

Para Morales Lechuga, uno de los problemas más graves que enfrenta México actualmente es la corrupción.

Sin embargo, rechaza que se trate únicamente de un fenómeno estructural o histórico.

“México no vive una corrupción endémica. Lo que estamos padeciendo es una corrupción pandémica por culpa de la 4T, una corrupción que crece por todos lados ante la mirada de todos”, sostuvo.

A su juicio, el problema no sólo radica en los actos de corrupción, sino también en la indiferencia social que ha permitido su expansión.

Consideró que amplios sectores de la población han optado por mantenerse al margen de los problemas nacionales mientras reciben apoyos gubernamentales que, según dijo, han contribuido a disminuir la capacidad de reacción ciudadana frente a los errores del poder.

“La población está completamente alejada e indolente frente a muchos de los problemas que la afectan. Mientras haya recursos en los bolsillos, muchos seguirán tolerando lo que ocurre”, señaló.

El ex procurador advirtió que esta situación podría cambiar conforme se profundicen las dificultades económicas, disminuya el crecimiento y se reduzcan las oportunidades de empleo.

En contraste, alertó que quienes sí continúan fortaleciéndose son las organizaciones criminales.

“Lo que crece sin lugar a dudas es la delincuencia y el crimen organizado. Ahí están los datos, ahí está la realidad que viven millones de mexicanos todos los días”, afirmó.

Instituciones debilitadas y concentración del poder

Uno de los señalamientos más severos formulados por Morales Lechuga se refiere al deterioro institucional que, en su opinión, comenzó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

El jurista considera que muchas de las estructuras que durante décadas sirvieron como soporte del Estado mexicano han sido debilitadas o desplazadas.

“Hoy más que nunca se requieren instituciones fuertes. Lo que se destruyó durante el sexenio pasado y se sigue deteriorando actualmente tardará muchísimo tiempo en reconstruirse”, advirtió.

En ese contexto, recordó que durante el gobierno de López Obrador se concentraron decisiones fundamentales en la figura presidencial, reduciendo la participación efectiva de dependencias, organismos especializados e incluso integrantes del propio gabinete federal.

“Se gobernó de manera prácticamente unipersonal. Se hizo a un lado a buena parte de la administración pública y hasta a miembros del gabinete, acumulando decisiones y errores que hoy tienen consecuencias”, sostuvo.

La militarización de funciones civiles

Otro de los temas que más preocupa al ex procurador es el papel que han asumido las Fuerzas Armadas durante los últimos años.

Morales Lechuga cuestionó que soldados y marinos hayan sido incorporados a tareas que, desde su perspectiva, no corresponden a su naturaleza constitucional.

Afirmó que las Fuerzas Armadas tienen como misión principal la protección de la seguridad nacional y la defensa de la soberanía del país, no la administración de empresas, obras públicas o servicios civiles.

“Nuestros soldados y marinos no son constructores de aeropuertos, administradores de líneas aéreas, trabajadores sociales ni policías viales. La Constitución no les asigna esas responsabilidades”, enfatizó.

El jurista consideró que esta ampliación de funciones ha generado un proceso de desgaste institucional que eventualmente obligará a replantear el papel de las Fuerzas Armadas dentro del Estado mexicano.

Un fiscal debe obedecer a la Constitución, no al Presidente

Durante la entrevista, Morales Lechuga también abordó el papel que debe desempeñar la Fiscalía General de la República.

Desde su experiencia como ex titular de la Procuraduría General de la República, sostuvo que la autonomía de la institución resulta indispensable para preservar el Estado de derecho.

“El Fiscal General de la República debe ser sumiso a la Constitución y a la ley, nunca al presidente en turno”, afirmó.

Explicó que la función esencial de la Fiscalía consiste en investigar delitos, perseguir a los responsables y garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas, sin someterse a presiones políticas o intereses gubernamentales.

“El fiscal no es un secretario de Estado. Su responsabilidad principal es custodiar la legalidad. Cuando actúa para satisfacer intereses políticos deja de cumplir con su verdadera función”, puntualizó.

Morales Lechuga reconoció que históricamente resulta complicado para cualquier funcionario contradecir al titular del Poder Ejecutivo, pero consideró que precisamente ahí radica la fortaleza de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.

“Es muy difícil decirle no a un presidente, pero quien es un buen fiscal tiene que estar dispuesto a hacerlo cuando la ley así lo exige”, señaló.

La Constitución no se prostituye; los que fallamos somos los hombres

Uno de los momentos más contundentes de la conversación ocurrió cuando fue cuestionado sobre la vigencia de la Constitución mexicana y las voces que plantean la necesidad de sustituirla.

Para Morales Lechuga, el problema no radica en el texto constitucional sino en quienes están obligados a cumplirlo.

“La Constitución no se prostituye ni deja de funcionar. Los que dejamos de funcionar o nos prostituimos somos los hombres”, sentenció.

Con esa reflexión cerró una primera entrega de una entrevista en la que analiza los desafíos que enfrenta México, las amenazas a sus instituciones y el papel que la sociedad debe asumir para recuperar la fortaleza democrática del país.

Continuará…