Acción Nacional afirma que Joel Bravo Martínez había solicitado protección tras recibir amenazas; demanda una investigación exhaustiva y castigo para responsables materiales e intelectuales

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) condenó el asesinato de Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, y sostuvo que el crimen no sólo debe investigarse como un acto de violencia perpetrado por grupos criminales, sino también como un caso que exhibe presuntas omisiones de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los servidores públicos y de la población.

A través de un pronunciamiento oficial, el partido blanquiazul aseguró que el edil había manifestado previamente su preocupación por amenazas recibidas en su contra y había solicitado protección institucional, la cual, según el PAN, nunca se concretó.

Ante ello, Acción Nacional exigió una investigación inmediata, transparente y exhaustiva que permita esclarecer tanto las circunstancias del homicidio como las posibles responsabilidades derivadas de la falta de atención a las advertencias realizadas por el alcalde.

“El asesinato de Joel Bravo Martínez no puede entenderse únicamente como un hecho criminal. También exhibe una grave falla institucional y la incapacidad de las autoridades para brindar protección a quienes enfrentan riesgos derivados de su función pública”, señaló el partido.

En su posicionamiento, el PAN expresó sus condolencias a familiares, amigos y habitantes de San Miguel Amatitlán, destacando la trayectoria del alcalde como un servidor público comprometido con el bienestar de su comunidad y con la defensa de las familias de su municipio.

La dirigencia panista afirmó que Joel Bravo había alertado sobre las amenazas que enfrentaba y solicitado apoyo a distintas instancias gubernamentales, por lo que consideró indispensable determinar si existieron omisiones por parte de las autoridades responsables de atender dichas solicitudes.

Asimismo, demandó que las investigaciones permitan identificar y sancionar no sólo a los autores materiales e intelectuales del asesinato, sino también a quienes, en caso de confirmarse, ignoraron los llamados de auxilio realizados por el edil antes de ser privado de la vida.

De acuerdo con Acción Nacional, este caso refleja el deterioro de las condiciones de seguridad que enfrentan autoridades municipales en diversas regiones del país, particularmente en zonas donde la presencia de grupos delictivos ha incrementado su influencia y capacidad de operación.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que el asesinato del alcalde representa una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran numerosos funcionarios locales que, diariamente, enfrentan amenazas relacionadas con el ejercicio de sus responsabilidades.

“Joel Bravo era un hombre que defendía a su comunidad y a las familias de Oaxaca. Hoy exigimos justicia para él y para todos aquellos mexicanos que han sido víctimas de la violencia y que no han recibido la protección que el Estado está obligado a garantizar”, expresó.

El dirigente panista afirmó que el caso también pone bajo escrutinio las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos federal y estatal, al considerar que la expansión de grupos criminales en distintas regiones del país continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades.

En ese sentido, Acción Nacional señaló que los hechos ocurridos en Oaxaca deben motivar una revisión profunda de los mecanismos de protección para autoridades municipales, particularmente en aquellas regiones donde existen antecedentes de violencia, amenazas o presiones vinculadas con organizaciones delictivas.

El PAN sostuvo que el asesinato de Joel Bravo Martínez constituye un agravio para quienes creen en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en el derecho de las autoridades electas a ejercer sus funciones sin amenazas ni violencia.

Finalmente, el partido reiteró su exigencia de justicia y llamó a las autoridades competentes a actuar con prontitud para evitar que el caso quede impune.

“México necesita que prevalezca el Estado de derecho y que las instituciones cumplan con su responsabilidad de proteger a la ciudadanía y a quienes trabajan por sus comunidades. La muerte de Joel Bravo Martínez no debe quedar sin respuesta”, concluyó Acción Nacional.