Más de 500 pobladores anunciaron movilizaciones contra autoridades federales, estatales y municipales; aseguran contar con documentos que acreditan la propiedad de los terrenos desde la década de 1920.

Chimalhuacán, Estado de México.- Más de 500 habitantes del pueblo originario de Santa María Chimalhuacán acusaron a dependencias federales, estatales y municipales de pretender despojarlos de aproximadamente mil 700 hectáreas de tierra que, aseguran, les pertenecen legalmente desde hace más de un siglo y que actualmente serían consideradas para el desarrollo de un proyecto industrial y habitacional en la zona oriente del Estado de México.

Durante una conferencia de prensa, Andrés Cedillo Castillo, presidente del Comité para la Defensa de la Tenencia de la Tierra de los Habitantes Nativos del Pueblo Originario de Santa María Chimalhuacán, acompañado por el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, denunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Chimalhuacán buscan desconocer los derechos de propiedad de cientos de familias sobre dichos terrenos.

Los inconformes sostienen que las tierras en disputa forman parte de los terrenos recuperados tras la desecación del antiguo lago de Texcoco y que fueron adquiridas por sus antecesores entre 1922 y 1936 mediante contratos de compraventa celebrados con el Gobierno Federal de la época, a través de la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento.

“Estamos defendiendo tierras que fueron adquiridas legalmente por nuestros antepasados y contamos con documentación original que acredita la propiedad de esas mil 700 hectáreas”, afirmó Cedillo Castillo.

De acuerdo con los representantes del movimiento, alrededor de 250 familias cuentan con escrituras públicas, contratos de compraventa y registros ante el Registro Público de la Propiedad que, aseguran, respaldan jurídicamente sus derechos sobre los terrenos.

Los habitantes señalaron que las autoridades pretenden impulsar en la zona un Polo de Desarrollo Industrial que incluiría áreas destinadas a vivienda, parques recreativos e infraestructura productiva, proyecto al que se oponen mientras no exista un reconocimiento formal de sus derechos de propiedad y se les garantice certeza jurídica sobre el futuro de los predios.

Asimismo, denunciaron que en ocasiones anteriores han promovido recursos legales para frenar proyectos impulsados sin consulta previa y que los tribunales les han dado la razón mediante resoluciones favorables.

Ante lo que consideran una falta de atención por parte de las autoridades, los pobladores anunciaron que el próximo 22 de junio realizarán un plantón frente a las instalaciones de la Semarnat y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la Ciudad de México para exigir el reconocimiento de sus derechos y una mesa de diálogo con representantes del Gobierno Federal.

Por su parte, el dirigente nacional de la UNTA, Álvaro López Ríos, exigió respeto a los acuerdos históricos suscritos entre el Estado mexicano y los pobladores originarios de Santa María Chimalhuacán, al considerar que cualquier proyecto de desarrollo debe garantizar primero la protección de los derechos patrimoniales de quienes acrediten legalmente la propiedad de las tierras.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán su estrategia de movilización y defensa jurídica hasta obtener una respuesta oficial sobre el futuro de los terrenos, al tiempo que solicitaron a las autoridades transparentar los alcances del proyecto que, aseguran, podría desarrollarse en la zona.

Finalmente, los representantes del movimiento afirmaron que están dispuestos a dialogar con las autoridades federales y estatales; sin embargo, insistieron en que cualquier acuerdo deberá partir del reconocimiento de los derechos de propiedad que, sostienen, poseen sobre las mil 700 hectáreas actualmente en disputa.