Estudio del CIAPEM advierte rezagos en la digitalización de la recaudación pública; más del 20 por ciento de los gobiernos consultados aún carece de canales de pago digital.

Ciudad de México.- La transformación digital de la administración pública en México avanza a distintas velocidades y todavía enfrenta importantes desafíos en materia de recaudación, transparencia y eficiencia operativa. Así lo revela el Diagnóstico Nacional 2026 sobre Recaudación Digital, elaborado por el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) en colaboración con la empresa especializada en infraestructura de pagos tapi.

El estudio, que recopila experiencias de tesorerías, áreas de innovación, sistemas y simplificación administrativa de gobiernos estatales y municipales, encontró que aunque la mayoría de las administraciones ya ofrece opciones digitales para realizar pagos, los procesos internos continúan dependiendo en gran medida de mecanismos manuales que dificultan la consolidación de la información y retrasan la conciliación de ingresos.

Uno de los hallazgos más relevantes señala que únicamente tres de cada diez gobiernos consultados cuentan con sistemas totalmente automatizados para conciliar los recursos que reciben, mientras que el resto continúa operando con esquemas fragmentados o procedimientos manuales que incrementan la carga administrativa y reducen la capacidad de monitoreo en tiempo real.

El diagnóstico también revela que ocho de cada diez administraciones ya habilitaron pagos mediante transferencias SPEI o referencias bancarias y cuentan con portales para pagos con tarjeta. Sin embargo, más del 20 por ciento aún no dispone de ningún canal digital para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones de manera electrónica.

A pesar de los avances tecnológicos, cuatro de cada diez gobiernos siguen recaudando una proporción importante de sus ingresos en efectivo, lo que confirma que la atención presencial continúa siendo la principal vía de cobro en numerosas entidades y municipios del país.

Otro dato que encendió las alertas entre especialistas es el nivel de morosidad. Cerca de la mitad de las administraciones reportó índices de incumplimiento de entre 25 y 40 por ciento en sus principales conceptos de cobro, mientras que algunas reconocieron que ni siquiera cuentan con mecanismos para medir dicho indicador.

El informe identifica además una importante oportunidad de mejora en la implementación de sistemas de domiciliación o débito automático. Actualmente, dos de cada tres gobiernos no ofrecen esta herramienta que en el sector privado ha demostrado ser una de las más eficaces para garantizar pagos recurrentes y reducir los niveles de morosidad.

Los resultados muestran que el principal problema ya no se encuentra en la apertura de ventanillas digitales para los ciudadanos, sino en la falta de integración entre los distintos sistemas de cobro utilizados por las administraciones públicas. En muchos casos, los gobiernos han incorporado plataformas de pago de manera aislada, generando información dispersa y procesos de conciliación lentos y complejos.

De acuerdo con el estudio, cuando se preguntó a las administraciones cuál era la principal necesidad que buscarían resolver durante los próximos doce meses, la mayoría coincidió en acelerar la conciliación de pagos, reducir los tiempos de validación y contar con una plataforma única que concentre toda la información financiera.

Asimismo, los gobiernos consultados señalaron problemas recurrentes relacionados con los pagos realizados en tiendas de conveniencia, cuyos registros suelen tardar en reflejarse en los sistemas gubernamentales, afectando la actualización de la información y la atención a los contribuyentes.

Frente a este panorama, el CIAPEM plantea diversas líneas de acción para fortalecer la modernización de la recaudación pública, entre ellas ampliar la cobertura de canales de pago mediante plataformas integradoras, mantener opciones de efectivo en regiones con baja bancarización, incorporar sistemas centralizados de monitoreo y conciliación, impulsar mecanismos de domiciliación y desarrollar soluciones tecnológicas accesibles para municipios con capacidades limitadas.

Los resultados del Diagnóstico Nacional 2026 evidencian que la digitalización de la recaudación pública en México ha logrado avances significativos en la interacción con los ciudadanos, pero aún enfrenta importantes retos en la modernización de los procesos internos, la integración tecnológica y la eficiencia administrativa, elementos fundamentales para fortalecer las finanzas públicas y mejorar la prestación de servicios gubernamentales.