La investigación sobre una presunta red de corrupción dedicada a la venta y asignación irregular de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México escaló este miércoles con la detención de cuatro exfuncionarios que formaron parte de la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, en un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con información dada a conocer por fuentes de seguridad y justicia, los detenidos son Óscar Guzmán Aragón, exsubsecretario de Administración; Juan Alberto Pastrana, quien presuntamente fungía como delegado Administrativo de la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor; David Arturo Gómez, exdelegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica, y David Flores Gallegos, exdirector de Sistemas de Tecnologías de la Información. Las autoridades mantienen abierta la investigación y trascendió que existirían más órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, por lo que el número de personas investigadas podría incrementarse en los próximos días.

Las indagatorias habrían iniciado a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por el titular de la Secretaría de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, luego de que auditorías internas detectaran presuntas irregularidades en la administración de recursos humanos. Entre los hallazgos preliminares se encuentra la posible existencia de alrededor de 400 plazas asignadas irregularmente o utilizadas para el pago de personas que presuntamente cobraban sin desempeñar funciones, además de aproximadamente 70 contratos que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido otorgados sin cumplir con los procedimientos establecidos y con remuneraciones de hasta 120 mil pesos mensuales.

La Fiscalía mexiquense busca determinar si dicho esquema operó durante varios años y si ocasionó un daño significativo al erario estatal. Las investigaciones también pretenden establecer la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados y determinar si existió una estructura organizada para beneficiar a particulares mediante la asignación irregular de plazas y contratos públicos.

Una estructura que habría operado desde la Secretaría de Finanzas

Uno de los nombres que aparece con mayor frecuencia dentro de la investigación es el de Óscar Guzmán Aragón, quien asumió la Subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado de México en abril de 2021, tras sustituir a Víctor Rodrigo Curioca Ramírez en ese cargo. Ambos ocuparon posiciones estratégicas dentro de la estructura administrativa del gobierno estatal, desde donde se coordinaban áreas relacionadas con personal, adquisiciones, compras y administración de recursos.

Las indagatorias también mencionan a Víctor Rodrigo Curioca como una persona de interés para las autoridades. Hasta el momento no existe información oficial que confirme una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, diversas versiones periodísticas señalan que forma parte de las líneas de investigación derivadas del caso.

Asimismo, en las carpetas de investigación han surgido referencias a otros exintegrantes del gabinete estatal, entre ellos el exsecretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, así como exfuncionarios vinculados al área financiera de la administración anterior. No obstante, hasta ahora ninguna autoridad ha informado sobre imputaciones formales o resoluciones judiciales en su contra.

Las investigaciones también alcanzan a servidores públicos en funciones

Las pesquisas no se limitan únicamente a exservidores públicos del sexenio anterior. Información derivada de las investigaciones señala que la Fiscalía también analiza la posible responsabilidad de funcionarios que actualmente forman parte de la administración estatal, bajo la hipótesis de que habrían tenido conocimiento del presunto esquema irregular y no lo denunciaron o, incluso, pudieron haber permitido su continuidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre órdenes de aprehensión contra servidores públicos en activo, por lo que las investigaciones continúan en etapa ministerial.

Antecedentes: una de las principales promesas de la actual administración

Desde el inicio del gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el combate a la corrupción y la revisión de la estructura administrativa heredada por la gestión anterior fueron presentados como uno de los ejes prioritarios de la administración estatal.

Durante los últimos meses, distintas dependencias han realizado auditorías internas para revisar contratos, procesos de adquisición, manejo de nóminas y administración de recursos humanos, con el objetivo de detectar posibles irregularidades acumuladas durante años.

El caso de la presunta venta de plazas representa uno de los expedientes de mayor impacto político y administrativo abiertos hasta ahora, debido al nivel de los exfuncionarios involucrados y al posible alcance de las investigaciones hacia otras dependencias del gobierno mexiquense.

Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa integrando las carpetas de investigación, corresponderá a los jueces determinar la situación jurídica de las personas detenidas y, en su caso, resolver sobre las responsabilidades penales que pudieran derivarse del presunto esquema de corrupción. Hasta entonces, todas las personas investigadas conservan la presunción de inocencia conforme al marco constitucional mexicano.