La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena, alertó sobre los riesgos que representa la comercialización ilegal de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, conocidos como «jammers», al advertir que estos dispositivos son utilizados por grupos delictivos para obstaculizar las comunicaciones, evadir los sistemas de localización y facilitar la comisión de delitos de alto impacto.

Con el propósito de reforzar las acciones para combatir su venta y distribución, la legisladora presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mediante el cual solicita a la Guardia Nacional fortalecer la vigilancia, investigación y verificación de la oferta de estos equipos en plataformas de comercio electrónico, redes sociales y cualquier otro medio digital, con el objetivo de impedir su adquisición y utilización ilícita.

Asimismo, exhortó a las autoridades de las 32 entidades federativas, particularmente a las Secretarías de Seguridad Pública y a las unidades de policía cibernética, a intensificar el monitoreo de páginas de internet y canales digitales donde se ofertan estos dispositivos, además de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales cuando se detecten posibles conductas delictivas relacionadas con su comercialización.

La legisladora explicó que los denominados «jammers» son equipos electrónicos diseñados para generar interferencias deliberadas en las frecuencias utilizadas por los sistemas de telecomunicaciones, bloqueando las señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global (GPS) y equipos de radiocomunicación. Su funcionamiento puede impedir llamadas de emergencia al 911, afectar la comunicación entre corporaciones de seguridad, interrumpir operativos de rescate y comprometer la coordinación institucional durante situaciones de riesgo.

Juanita Guerra advirtió que, debido a estas características, dichos dispositivos representan una amenaza directa para la seguridad pública, ya que han sido empleados por organizaciones criminales para evitar el rastreo satelital de vehículos robados, impedir la localización de unidades de carga, bloquear sistemas de monitoreo y dificultar la respuesta de las autoridades durante la comisión de diversos delitos.

La senadora recordó que el 24 de enero de 2024 entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal que prohíbe la utilización de bloqueadores o inhibidores de señal sin autorización legal. Con estas modificaciones se buscó cerrar el paso al uso de tecnologías que ponen en riesgo las comunicaciones estratégicas del Estado y la atención de emergencias.

Sin embargo, señaló que, pese a la prohibición vigente, estos equipos continúan ofertándose de manera abierta en diversas plataformas de comercio electrónico, sin controles efectivos que impidan su venta, lo que facilita que organizaciones criminales y particulares puedan acceder a una tecnología cuyo uso está restringido por la legislación mexicana.

La legisladora subrayó que, a diferencia de otros aparatos electrónicos de uso cotidiano, los inhibidores de señal carecen de un propósito doméstico o comercial compatible con el interés público, ya que su función principal consiste en bloquear el funcionamiento de las redes de comunicación autorizadas, generando afectaciones que pueden trascender el ámbito individual y comprometer servicios estratégicos para la población.

En ese sentido, consideró indispensable fortalecer la coordinación entre las instituciones federales y estatales encargadas de la seguridad pública, la investigación de delitos y la supervisión del comercio digital, con el propósito de impedir la distribución de estos dispositivos antes de que sean utilizados para actividades ilícitas.

La propuesta fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis. De aprobarse, las autoridades competentes tendrían el respaldo del Poder Legislativo para intensificar las acciones de supervisión, investigación y combate a la comercialización ilegal de inhibidores de señal, una tecnología que especialistas en seguridad consideran cada vez más utilizada por la delincuencia organizada para vulnerar los sistemas de comunicación y dificultar las labores de las corporaciones encargadas de proteger a la población.