El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) propuso que los partidos políticos destinen anualmente al menos el uno por ciento de su financiamiento público ordinario a la formación, capacitación y desarrollo de liderazgos indígenas y afromexicanos, y que cuenten con una instancia interna responsable de garantizar y evaluar el cumplimiento efectivo de esta obligación.

La iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado de México afirma que no se trata únicamente de una reorientación presupuestal, sino de un mecanismo de inclusión democrática que permitiría generar condiciones reales para que las personas indígenas y afromexicanas conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos; participen en la vida interna de los partidos políticos; accedan a espacios de poder y, desde ahí, contribuyan a la integración de agendas públicas más representativas, plurales e interculturales.

El documento, presentado en la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, señala que el porcentaje resulta razonable, proporcional y financieramente viable, ya que no implica la asignación de recursos adicionales ni una carga presupuestal extraordinaria para el Estado, sino solo la reorientación de una parte mínima del financiamiento público que todos los años reciben los partidos políticos.

Agrega que se trata de una acción afirmativa orientada a cerrar brechas de participación, fortalecer la igualdad sustantiva y garantizar que los derechos constitucionales puedan ejercerse de manera real, progresiva y efectiva, pues permitiría que las necesidades, prioridades y formas de organización de estas comunidades tengan una vía más sólida de expresión dentro del sistema democrático estatal, especialmente en una entidad donde la diversidad territorial, cultural y social exige mecanismos de participación más incluyentes.

El proyecto legislativo precisa que, de acuerdo con el Programa Institucional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 2025-2030, en México, a febrero de 2025, se habían identificado 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, los cuales se distribuyen en 16 mil 114 comunidades (15 mil 600 indígenas, 444 afromexicanas y 70 pluriculturales) ubicadas en mil 393 municipios de 28 entidades federativas. Detalla que, en el Estado de México, según el Consejo Estatal de Población, la población indígena asciende a 417 mil 603 personas, que representan el 2.6 por ciento de la población total.

Subraya que la exclusión social que históricamente han enfrentado los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas no solo se expresa en condiciones de pobreza, rezago educativo, falta de acceso efectivo a servicios públicos o discriminación cultural, sino también en una menor posibilidad de incidir en los espacios donde se toman las decisiones públicas.

El documento refiere que, si bien el reconocimiento constitucional de la composición pluriétnica y pluricultural de la nación constituye un avance, resulta insuficiente si no se traduce en mecanismos concretos que permitan que las personas indígenas y afromexicanas participen activamente en la vida interna de los partidos políticos, en la construcción de agendas públicas, en los procesos de formación de liderazgos y en la toma de decisiones.

En este sentido, advierte que no basta con abrir formalmente las puertas a la militancia indígena o afromexicana, toda vez que es necesario contar con recursos, programas de capacitación, acompañamiento institucional, mecanismos de promoción, espacios de deliberación y estructuras responsables de dar seguimiento al desarrollo de liderazgos propios, culturalmente pertinentes y territorialmente vinculados con sus comunidades.