La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una profunda transformación en su modelo de fiscalización, con el objetivo de ampliar la cobertura de revisión del gasto público, acelerar las investigaciones por posibles actos de corrupción y fortalecer la coordinación con las autoridades encargadas de la procuración de justicia. El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que la institución puso en marcha un nuevo esquema de auditorías integrales que permitirá revisar de manera simultánea el cumplimiento financiero, legal, administrativo y de desempeño de las dependencias federales, los estados, municipios y organismos que ejercen recursos públicos, dejando atrás el modelo de revisiones parciales aplicado en años anteriores.

Durante su primera conferencia de prensa al frente del órgano fiscalizador, el auditor explicó que la reingeniería del Programa Anual de Auditorías incorpora 100 nuevas auditorías con enfoque integral y confirmó que, por primera vez, la ASF auditará la totalidad de las dependencias del Gobierno Federal, además de ampliar la fiscalización del gasto estatal y municipal. Precisó que las revisiones incluirán proyectos estratégicos de infraestructura, universidades públicas, organismos autónomos y todos los ejecutores de recursos federales, con la finalidad de garantizar una supervisión más amplia y efectiva del ejercicio presupuestal. Añadió que los primeros resultados de este nuevo esquema comenzarán a presentarse en la segunda entrega de la Cuenta Pública, prevista para octubre, mientras que el informe definitivo será entregado en febrero próximo.

Hernández Palacios informó además que la ASF inició 31 investigaciones directas derivadas de las nuevas facultades otorgadas por las recientes reformas legales, las cuales permiten abrir expedientes sin esperar la conclusión de una auditoría completa cuando existan indicios de posibles irregularidades. Explicó que estas investigaciones abarcan casos de alto impacto en los tres órdenes de gobierno y representan un cambio sustancial en la estrategia de combate a la corrupción, al permitir una actuación más oportuna frente a posibles desvíos de recursos públicos. Asimismo, dio a conocer que fueron presentadas 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades que involucran aproximadamente 30 servidores públicos y un posible daño patrimonial superior a 600 millones de pesos, derivadas de auditorías practicadas principalmente a las cuentas públicas 2020, 2021 y 2024. No obstante, evitó revelar los nombres de las dependencias involucradas, argumentando el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, al señalar que la información se encuentra disponible en el portal oficial de la institución.

El Auditor Superior subrayó que la institución reforzó su coordinación con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los órganos de fiscalización estatales y otras instancias, con el propósito de fortalecer el intercambio de información para detectar posibles esquemas de lavado de dinero, empresas factureras, redes de corrupción y eventuales vínculos entre recursos públicos y la delincuencia organizada. Afirmó que las auditorías integrales permitirán rastrear el origen y destino de los recursos hasta identificar a sus beneficiarios finales, lo que facilitará detectar posibles desvíos hacia actividades ilícitas y promover las sanciones correspondientes cuando existan elementos suficientes.

En materia de participación ciudadana, Hernández Palacios destacó que la ASF busca convertir a la sociedad en un actor central del proceso de fiscalización mediante nuevos mecanismos de denuncia, incluyendo plataformas digitales y servicios de atención vía WhatsApp. Informó que, al cierre de la semana pasada, el organismo había recibido 276 denuncias ciudadanas relacionadas con los tres órdenes de gobierno, las cuales pueden presentarse incluso sobre cuentas públicas de ejercicios anteriores. Señaló que cada denuncia recibe un folio de seguimiento y será atendida con el compromiso de mantener informados a los denunciantes sobre el avance de las investigaciones, al considerar que el involucramiento de la ciudadanía constituye una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia y combatir la impunidad.

Respecto a la primera entrega de la Cuenta Pública 2024, el titular de la ASF explicó que el informe se concentró en la revisión de la distribución de participaciones federales a los municipios, al tratarse del punto de partida para las auditorías posteriores sobre el ejercicio del gasto. Detalló que fueron revisados aproximadamente 300 mil millones de pesos transferidos a los municipios del país y que, tras las observaciones realizadas por la Auditoría, las entidades federativas corrigieron prácticamente la totalidad de las inconsistencias detectadas, quedando únicamente un monto de 1.4 millones de pesos pendiente por aclarar. Finalmente, reiteró que la prioridad de su administración será auditar «todo y a todos», mantener una política permanente de comunicación con los medios de comunicación y garantizar que las denuncias presentadas ante las autoridades competentes reciban seguimiento hasta su conclusión, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de fiscalización más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.