Con el propósito de impedir que dispositivos utilizados para facilitar actividades delictivas continúen comercializándose de manera ilegal en internet, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las 32 entidades federativas a intensificar las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo y denuncia contra la venta de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, conocidos como «jammers», a través de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.

La legisladora destacó que las telecomunicaciones constituyen un servicio público estratégico para el Estado mexicano, al ser indispensables para garantizar la seguridad pública, la atención de emergencias, la protección civil y el ejercicio de diversos derechos fundamentales. En ese sentido, advirtió que cualquier interferencia deliberada en las redes de comunicación representa un riesgo para la población y puede afectar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad.

Juanita Guerra explicó que los «jammers» son dispositivos electrónicos diseñados para bloquear o interferir las señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global (GPS) y radiocomunicación, lo que impide la transmisión y recepción de datos. Señaló que este tipo de equipos suele ser utilizado por grupos delictivos para dificultar el rastreo de personas o vehículos, impedir la comunicación entre autoridades y obstaculizar operativos de seguridad, además de afectar llamadas de emergencia y labores de rescate.

La senadora recordó que el artículo 168 Ter del Código Penal Federal establece penas de entre 12 y 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, utilice u opere equipos destinados a bloquear o cancelar señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen. Asimismo, subrayó que desde el 24 de enero de 2024 entró en vigor una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al propio Código Penal Federal, mediante la cual quedó prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación y uso de estos dispositivos, salvo para las autoridades expresamente facultadas por la ley.

No obstante, advirtió que, pese a la prohibición vigente, estos equipos continúan ofertándose abiertamente en plataformas digitales y sitios de comercio electrónico, situación que facilita su adquisición por parte de particulares y organizaciones criminales, incrementando el riesgo para la seguridad pública y el funcionamiento de servicios estratégicos del país.

Ante este escenario, la legisladora propuso que la Guardia Nacional fortalezca las labores de vigilancia e investigación sobre la comercialización de estos equipos y presente las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales. De igual forma, llamó a las secretarías de Seguridad de las entidades federativas, particularmente a sus unidades de policía cibernética, a reforzar el monitoreo de las plataformas digitales para detectar, denunciar y combatir la venta ilícita de «jammers», con el objetivo de cerrar el paso a estos dispositivos y prevenir que sean utilizados para la comisión de delitos de alto impacto.