La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, libró este lunes cualquier sanción por negarse a entregar información sobre el ejercicio de 898.6 millones de pesos de recursos federales a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ese órgano carece de facultades para fiscalizar dichos recursos. No obstante, el máximo tribunal aclaró que la resolución no impide que los fondos sean auditados e investigados por la autoridad federal competente.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte concluyó que la fiscalización de los recursos federales ejercidos por el ayuntamiento de Acapulco en 2023 corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En consecuencia, invalidó los actos de revisión emprendidos por la ASE y cualquier sanción impuesta a servidores públicos municipales.

“Resulta necesario dejar en claro que la invalidez de una auditoría iniciada por una autoridad incompetente no excluye la posibilidad de que se investiguen hechos potencialmente irregulares por las autoridades facultadas para ello”, dijo el ministro Irving Espinosa Betanzo.

La Controversia Constitucional 174/2025 fue resuelta bajo el proyecto del ministro Arístides Guerrero García. Dicho recurso fue promovido por el municipio de Acapulco para impugnar la orden de la ASE de fiscalización de la cuenta pública 2023, específicamente sobre los 898 millones 633 mil 453 pesos que recibió del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). 

El ponente señaló que, con base en la Constitución y a precedentes recientes del Pleno de la SCJN, la fiscalización de los recursos federales ejercidos por municipios es tarea exculpa de la ASF, pero aclaró que la resolución no exime al municipio de la fiscalización de esos recursos ni analiza su manejo. 

“Es, insisto, un tema de precedentes, es un tema de competencia. Hay que señalarlo también en la propuesta del proyecto: no se exime ningún tipo de fiscalización de los recursos federales por parte del municipio actor ni se pronuncia sobre el fondo de su manejo, resuelve únicamente cuál es autoridad constitucionalmente competente para revisarlos”, señaló. 

La Corte tiene pendiente resolver otra controversia relacionada con el procedimiento de revocación de mandato de la alcaldesa Abelina López, promovida por el municipio de Acapulco contra el Congreso de Guerrero.

Fuente: La Jornada