La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció el inicio de un proceso para solicitar una auditoría a la gestión de Adrián Ruvalcaba al frente del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, al denunciar presuntas irregularidades en la asignación de contratos por más de 203 millones de pesos para obras de remodelación en la Línea 2, que, aseguran, beneficiaron a empresas vinculadas con anteriores administraciones encabezadas por el ahora director del organismo.

La diputada federal Genoveva Huerta afirmó que existen elementos suficientes para revisar el manejo de los recursos públicos destinados a la modernización del Metro de la Ciudad de México, al considerar que las empresas INDHR e Ingeniería y Construcciones Grysle han recibido contratos millonarios bajo un esquema que, dijo, refleja una red de favoritismos dentro de los gobiernos de Morena.

La legisladora sostuvo que las adjudicaciones no representan un hecho aislado, sino parte de un modelo de contratación que, a su juicio, privilegia intereses políticos por encima de las necesidades de los usuarios del principal sistema de transporte de la capital del país.

«Ya basta de que el Metro de la Ciudad de México sea utilizado como caja chica para pagar lealtades políticas, mientras millones de ciudadanos pagan las consecuencias con su tiempo, su dinero y, sobre todo, con su seguridad», expresó.

Huerta aseguró que la Cámara de Diputados impulsará una revisión exhaustiva de los contratos, gastos y procedimientos administrativos realizados durante la gestión de Adrián Ruvalcaba, incluyendo el análisis de las empresas participantes y su relación con obras ejecutadas durante su administración como alcalde de Cuajimalpa.

La legisladora panista afirmó que el objetivo es determinar si existieron conflictos de interés, sobrecostos o posibles actos de corrupción en la contratación de obras para la rehabilitación de la Línea 2 del Metro, uno de los corredores con mayor afluencia de pasajeros en la capital.

Por su parte, el consejero nacional del PAN, Rafael Calderón Jiménez, sostuvo que el elevado gasto destinado a las obras no se ha traducido en una mejora sustancial del servicio que reciben diariamente millones de usuarios.

Indicó que especialistas en movilidad han señalado que diversos trabajos realizados corresponden principalmente a intervenciones estéticas, como renovación de fachadas e iluminación, sin atender problemas estructurales relacionados con el mantenimiento de vías, trenes, sistemas eléctricos y accesibilidad.

«Una cosa es gastar millones de pesos y otra muy distinta es invertir para resolver los problemas de fondo que enfrenta el Metro», señaló.

A su vez, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Triana Tena, cuestionó la transparencia de algunos procesos de contratación al señalar que varias licitaciones fueron declaradas desiertas para posteriormente asignarse bajo mecanismos que, dijo, requieren una explicación pública.

El dirigente panista consideró indispensable que la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control locales revisen cada uno de los contratos relacionados con las empresas señaladas, al advertir que la ciudadanía merece conocer el destino de los recursos públicos destinados al transporte colectivo.

Desde hace varios años, el Metro de la Ciudad de México ha enfrentado constantes cuestionamientos por fallas operativas, retrasos, incidentes de seguridad y deficiencias en el mantenimiento de su infraestructura. Tras el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 en 2021, así como diversos incidentes registrados en otras líneas, la administración del sistema ha permanecido bajo el escrutinio público respecto al estado de las instalaciones y el uso de los recursos destinados a su rehabilitación.

En este contexto, Acción Nacional sostuvo que la revisión de la gestión de Adrián Ruvalcaba busca garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto público y determinar si los contratos otorgados durante su administración se ajustaron a los principios de legalidad, eficiencia y competencia, al tiempo que exigió a las autoridades competentes realizar una investigación imparcial sobre las denuncias presentadas.