La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó el recrudecimiento de la violencia contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos y exigió una investigación «inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial» por la muerte del connacional Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas. La legisladora sostuvo que ninguna política migratoria puede estar por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos, por lo que anunció que impulsará, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para demandar el respeto irrestricto a los derechos de los mexicanos que radican en territorio estadounidense.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán respaldó el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Congreso solicite información sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos, al tiempo que afirmó que la Cámara de Diputados utilizará todos los instrumentos legislativos a su alcance para defender a los mexicanos dentro y fuera del país.

En materia política, la diputada advirtió que quienes buscan un cargo de elección popular deben respetar las reglas electorales y evitar cualquier acto anticipado de campaña o el uso de recursos públicos con fines proselitistas. Señaló que el proceso electoral aún no inicia formalmente y recordó que corresponde al Instituto Nacional Electoral investigar y, en su caso, sancionar cualquier conducta que vulnere la legislación vigente. Asimismo, consideró indispensable que el Congreso avance en la regulación del uso de la inteligencia artificial durante los procesos electorales para evitar campañas de desinformación y fortalecer la certeza jurídica.

Al responder preguntas de los representantes de los medios, también se pronunció sobre el caso de presunta violencia familiar que involucra al exdirector de Pemex, al sostener que, aun cuando la víctima haya otorgado el perdón, las autoridades están obligadas a continuar la investigación de oficio. Subrayó que un caso de esta magnitud no puede quedar impune, pues enviaría un mensaje negativo a millones de mujeres mexicanas, por lo que demandó una sanción ejemplar y una protección integral para la víctima.

Respecto a la próxima designación de la titular de la Secretaría de las Mujeres, López Rabadán deseó éxito a Laura Itzel Castillo, aunque consideró que dicha dependencia requiere mayores recursos presupuestales, personal especializado y una mayor capacidad de coordinación institucional para enfrentar la violencia de género en el país.

La presidenta de la Cámara de Diputados también rindió un informe sobre la gira de trabajo que realizó por Japón e Italia, donde sostuvo reuniones con autoridades parlamentarias, representantes gubernamentales y organismos empresariales para fortalecer la relación bilateral, promover la inversión y compartir la experiencia mexicana en materia de paridad de género. Aseguró que todas las actividades se realizaron con absoluta transparencia y que presentará un informe detallado sobre los recursos ejercidos, precisando que gran parte de los gastos personales fueron cubiertos con recursos propios y que no suscribió convenios internacionales, ya que esa facultad no corresponde al Poder Legislativo.

En otros temas, negó haber solicitado el cierre o la recuperación del inmueble donde opera un centro PILARES en la alcaldía Venustiano Carranza, como lo afirmó el exdiputado Javier Hidalgo, y aseguró que buscará dialogar directamente con él porque, dijo, fue informado de manera incorrecta.

Finalmente, López Rabadán respaldó las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, respecto a que la unidad nacional convocada por el Gobierno de México en torno a la defensa de los migrantes debe extenderse a otros asuntos de interés nacional. Asimismo, afirmó que el país enfrenta el desafío de demostrar que el Estado de derecho se aplica sin distinciones políticas, al referirse a las investigaciones relacionadas con funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, advirtiendo que la credibilidad institucional y la confianza de los socios internacionales dependen de que la ley se aplique por igual a todos.