La implementación del nuevo modelo de justicia del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) comienza a consolidarse como un referente para otras entidades del país. A menos de un año de su puesta en marcha, la transformación institucional derivada de la reforma judicial ha despertado el interés de otros poderes judiciales, como el de Guanajuato, cuya delegación realizó una visita de trabajo para conocer de cerca la estructura, operación y resultados de los órganos creados bajo el nuevo esquema de impartición de justicia.

Encabezada por la magistrada Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la comitiva sostuvo una intensa jornada de reuniones técnicas y recorridos por las principales áreas estratégicas del sistema judicial mexiquense. El objetivo fue conocer las experiencias, desafíos y buenas prácticas implementadas durante el proceso de transición institucional que transformó la organización del Poder Judicial del Estado de México.

La delegación guanajuatense estuvo integrada por la consejera Imelda Carbajal Cervantes, el consejero Eduardo López Mares, el subdirector de Proyectos, David Luna Anaya; el secretario instructor de la Presidencia, Eloy Zavala Arredondo; la secretaria particular de Presidencia, Janet Alejandra Aguilar Landeros; la coordinadora de Gestión en Materia de Oralidad Civil, Familiar y Mercantil, Laura Angélica Ángeles Zamudio, y la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Eva Gabriela Witrago Solís.

Durante la visita, la magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, explicó que uno de los mayores retos de la reforma fue la creación de una institución completamente nueva, con facultades, procedimientos y criterios propios, tras la desaparición del anterior esquema encabezado por el Consejo de la Judicatura.

La nueva estructura judicial mexiquense quedó integrada por el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, una distribución de funciones que busca fortalecer la independencia de los órganos encargados de la administración, vigilancia y disciplina judicial.

Acompañada por las magistradas Karla Ivonne Díaz Iniesta y Nancy Flores Mendoza, así como por los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Reyes Hernández compartió con la delegación visitante los desafíos enfrentados durante los primeros meses de operación, entre ellos la instalación provisional del Tribunal, la elaboración de reglamentos internos, protocolos de actuación y lineamientos que hoy permiten atender procedimientos relacionados con responsabilidades administrativas, conflictos laborales y la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas del Poder Judicial.

Los integrantes del Tribunal de Disciplina coincidieron en que la coordinación entre las distintas áreas, la capacidad para adaptar procedimientos conforme surgían nuevos retos y el intercambio permanente de experiencias con otros órganos jurisdiccionales han sido factores determinantes para consolidar un modelo institucional que privilegia la prevención antes que la sanción.

Asimismo, destacaron que este enfoque busca fortalecer la confianza ciudadana mediante mecanismos de supervisión, transparencia y mejora continua, generando además criterios que comienzan a compartirse con otros tribunales del país interesados en replicar aspectos del modelo mexiquense.

Como parte del programa de actividades, la comitiva sostuvo un encuentro con el contralor interno del Órgano de Administración Judicial, Jaime Santana Turral, quien explicó el proceso de reconfiguración administrativa derivado de la reforma judicial.

Durante su exposición detalló la redistribución de responsabilidades entre la Contraloría y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten agilizar los procesos administrativos, fortalecer los mecanismos disciplinarios y mejorar la atención que reciben los ciudadanos.

Posteriormente, el visitador general del Tribunal de Disciplina Judicial, Jorge Alfonso Cuevas Medina, presentó la estructura operativa del organismo, su organización territorial y el funcionamiento de las áreas responsables de la investigación de posibles faltas administrativas, la substanciación de procedimientos, la evaluación del desempeño judicial y la atención de asuntos laborales.

La delegación recorrió las instalaciones del Tribunal para conocer directamente el trabajo cotidiano de cada una de sus unidades, constatando los avances logrados en un periodo relativamente corto desde la entrada en vigor del nuevo modelo judicial.

Otro de los puntos relevantes de la agenda fue la visita al Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, considerado uno de los pilares de la estrategia del Poder Judicial mexiquense para impulsar una justicia más cercana, ágil y orientada a la solución pacífica de los conflictos.

En este espacio, las representantes del Poder Judicial de Guanajuato, Eva Gabriela Witrago Solís y Laura Angélica Ángeles Zamudio, conocieron la estructura organizacional del Centro, el funcionamiento de los programas de justicia restaurativa, el flujo de atención de los procedimientos, la distribución de sus sedes y el modelo operativo diseñado para ampliar el acceso de la ciudadanía a mecanismos alternativos de solución de controversias.

La experiencia permitió intercambiar puntos de vista sobre la importancia de fortalecer la mediación, la conciliación y otros mecanismos que reducen la judicialización de conflictos, favorecen acuerdos entre las partes y contribuyen a una impartición de justicia más eficiente.

Al concluir la visita, las y los representantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato reconocieron el trabajo desarrollado por el Poder Judicial del Estado de México durante los primeros meses de operación del nuevo modelo institucional. Destacaron que, en un periodo relativamente breve, logró construir un sólido andamiaje normativo y administrativo, además de establecer mecanismos efectivos de coordinación entre los órganos que integran la nueva estructura judicial.