El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que las investigaciones relacionadas con la presunta red de contrabando de combustibles y el caso que involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, deben desarrollarse sin tintes políticos y alcanzar a todos los responsables que hayan participado en la cadena de operaciones ilícitas, desde particulares hasta funcionarios públicos, en caso de acreditarse responsabilidades.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el legislador sostuvo que el caso no debe reducirse al concepto de «huachicol fiscal», sino entenderse como una estructura criminal vinculada al contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales, fraude, evasión y elusión fiscal, delitos que, advirtió, podrían incluso configurar delincuencia organizada una vez que concluyan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y, en su caso, sean judicializadas.

Mier Velazco señaló que la magnitud del presunto esquema de importación irregular de combustibles representa un grave daño para las finanzas nacionales, al mercado energético y a los consumidores, al tratarse de operaciones que habrían movilizado millones de litros de combustible mediante mecanismos fraudulentos. Indicó que la logística detectada rebasa cualquier operación aislada y refleja la existencia de una red de gran escala que deberá ser desarticulada conforme avancen las indagatorias.

El senador morenista pidió evitar que el asunto se convierta exclusivamente en un debate político, aunque reconoció que es inevitable que los partidos involucrados intenten fijar posiciones. En ese contexto, afirmó que si la discusión se traslada al terreno político también deberían revisarse los orígenes del financiamiento del partido Somos México y el proceso que dio origen a la alternancia política encabezada por Acción Nacional en Baja California.

Respecto a los señalamientos del PAN sobre una presunta utilización del nuevo Poder Judicial para involucrar a Ernesto Ruffo, Ignacio Mier rechazó esa versión y la calificó como una especulación sin sustento. Recordó que la reforma judicial contempla la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial para revisar cualquier posible irregularidad en la actuación de jueces, por lo que llamó a esperar el desarrollo de las investigaciones y el contenido de la carpeta integrada por la Fiscalía antes de emitir juicios anticipados.

Sobre los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con redes de contrabando de combustibles, el legislador insistió en que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas sólidas y recordó que el Gobierno de México ha solicitado formalmente a Estados Unidos la entrega de los elementos probatorios correspondientes. «El papel aguanta todo y los micrófonos también, pero la realidad es la que finalmente alcanza», expresó.

En otros temas, informó que la iniciativa presidencial recién enviada al Senado fue turnada a las comisiones de Igualdad y de Justicia, con la expectativa de que el dictamen quede listo durante la primera semana del próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 1 de septiembre.

Asimismo, adelantó que la definición de la próxima Presidencia de la Mesa Directiva del Senado se realizará durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena, prevista para la última semana de agosto, donde también participarán integrantes del gabinete federal para analizar la agenda legislativa del siguiente periodo, incluyendo la discusión de la Ley de Ingresos.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la situación del senador Enrique Inzunza, cuyas cuentas bancarias permanecen bloqueadas, Ignacio Mier explicó que el Senado continúa cubriendo sus percepciones mediante cheque, al no existir hasta el momento una resolución judicial que ordene suspender el pago de sus remuneraciones, precisando que los procesos administrativos internos continúan realizándose conforme a la normatividad vigente.