La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advierte que ejercer el periodismo en México continúa siendo una actividad de alto riesgo, ante la persistencia de agresiones y asesinatos contra comunicadores que evidencian las deficiencias del Estado para garantizar la libertad de expresión y proteger a quienes informan a la sociedad. La legisladora parte del reciente asesinato de un periodista en Oaxaca, ocurrido el pasado 21 de julio, para señalar que ya son siete los comunicadores asesinados en lo que va del año, una cifra que, afirma, refleja la urgencia de fortalecer las políticas de protección para el gremio.
En su colaboración sostiene que el trabajo periodístico resulta indispensable para la democracia, ya que permite a la ciudadanía acceder a información de interés público, vigilar el ejercicio del poder y formar una opinión libre e informada. Por ello, subraya que cuando un periodista es silenciado no sólo pierde una persona o un medio de comunicación, sino toda la sociedad, al debilitarse uno de los principales contrapesos democráticos. Aunque reconoce que la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas representó un avance, considera que los resultados demuestran que es insuficiente y que la protección no puede seguir dependiendo únicamente de acciones reactivas después de consumadas las agresiones.
Ante este escenario, López Rabadán explica que presentó una propuesta para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General que establezca criterios y mecanismos homogéneos de protección en todo el país, obligando a las entidades federativas a contar con protocolos eficaces y garantizando recursos presupuestales suficientes para esta tarea. La diputada concluye que proteger a los periodistas significa defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la rendición de cuentas, por lo que llama a construir los acuerdos políticos necesarios para aprobar un marco jurídico que permita prevenir agresiones y evitar que informar continúe siendo una actividad que ponga en riesgo la vida de quienes la ejercen.

