La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, hizo un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales para reforzar el combate a la impunidad y a la extorsión, al advertir que este delito se ha convertido en una de las principales amenazas para la estabilidad económica, la inversión, el empleo y la seguridad de las familias zacatecanas. La legisladora sostuvo que enfrentar con decisión a las organizaciones criminales resulta indispensable para recuperar la tranquilidad en el estado y evitar que continúe creciendo el control que estos grupos ejercen sobre diversas actividades productivas.
La senadora señaló que los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, particularmente el multihomicidio en el que perdieron la vida empresarios y servidores públicos, evidencian el nivel de violencia que pueden alcanzar las organizaciones criminales cuando encuentran espacios de impunidad. Explicó que diversas líneas de investigación apuntan a una posible relación entre estos hechos y redes dedicadas a la extorsión y al control territorial, por lo que exigió que las investigaciones se desarrollen con absoluta transparencia, sin encubrimientos y hasta esclarecer plenamente los hechos y sancionar a los responsables.
Bañuelos advirtió que la extorsión ha dejado de ser únicamente un delito patrimonial para convertirse en un mecanismo mediante el cual los grupos delictivos someten comunidades enteras y afectan el desarrollo económico regional. «La extorsión no sólo arrebata recursos económicos; también destruye proyectos productivos, inhibe la inversión, provoca el cierre de negocios, limita la generación de empleos y obliga a muchas familias a vivir bajo el miedo. Cuando este delito permanece impune, el crimen organizado fortalece su capacidad para controlar comunidades enteras», afirmó.
La legisladora petista destacó que prácticamente todos los sectores productivos de Zacatecas enfrentan esta problemática, entre ellos ganaderos, agricultores, comerciantes, empresarios, transportistas, constructores, mineros, prestadores de servicios y pequeños negocios familiares, quienes diariamente son víctimas de amenazas, cobros ilegales e intimidaciones que ponen en riesgo su patrimonio y la continuidad de sus actividades económicas.
Como parte de su posicionamiento, Geovanna Bañuelos alertó sobre el incremento de este delito en la entidad. Citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales las denuncias por extorsión prácticamente se triplicaron en Zacatecas, al pasar de 63 casos registrados durante 2025 a 214 denuncias contabilizadas únicamente entre enero y junio del presente año. A ello, agregó, se suma una elevada cifra negra, ya que alrededor del 97 por ciento de las víctimas no presenta una denuncia formal por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.
Ante este panorama, la senadora exhortó a los gobiernos estatal y municipales a fortalecer las acciones preventivas, ampliar las capacidades de inteligencia, incrementar la presencia institucional en las zonas con mayor incidencia delictiva y establecer mecanismos permanentes de coordinación con los sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado agilizar la integración de carpetas de investigación, incrementar la judicialización de los casos y generar condiciones que permitan recuperar la confianza ciudadana para denunciar estos delitos.
Finalmente, Geovanna Bañuelos sostuvo que el combate a la violencia y al crimen organizado requiere una estrategia integral basada en prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional, coordinación entre autoridades y una procuración de justicia eficaz. Subrayó que proteger la seguridad también significa defender la economía, preservar los empleos y garantizar el derecho de las familias zacatecanas a vivir y trabajar en paz. «La ciudadanía necesita tener la certeza de que denunciar sirve, que las autoridades investigan y que los responsables serán llevados ante la justicia. La impunidad nunca puede convertirse en la regla», concluyó.

