La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, anunció que el Senado de la República impulsará una revisión integral del marco jurídico que regula a las escuelas militarizadas privadas, al considerar que actualmente operan bajo un reglamento obsoleto, expedido en 1943, que resulta incompatible con la legislación vigente en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. La legisladora afirmó que la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, ocurrida durante un campamento organizado por la Escuela Militarizada de Marina Doenitz, obliga al Poder Legislativo a actualizar la normatividad para garantizar la seguridad y la integridad de los estudiantes que asisten a este tipo de instituciones.

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos explicó que el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, vigente desde hace más de ocho décadas, permite la impartición de instrucción con orientación militar desde los niveles de educación primaria hasta técnica profesional. Además, señaló que dicho ordenamiento autoriza prácticas como la enseñanza del manejo de armas para alumnos de secundaria y la utilización de grados jerárquicos similares a los de las Fuerzas Armadas, mediante los cuales algunos estudiantes pueden ejercer autoridad sobre otros, condiciones que, a su juicio, deben revisarse a la luz del actual marco de protección de los derechos de la infancia.

Guadalupe Chavira sostuvo que el caso de Dafne evidencia vacíos legales importantes, ya que este tipo de instituciones no cuentan con atribuciones expresas para organizar campamentos de verano ni actividades como las denominadas «novatadas», prácticas que, dijo, pueden derivar en actos de violencia, abuso y sometimiento entre estudiantes. La legisladora recordó que la menor de 13 años falleció en hechos que actualmente son investigados por las autoridades y donde una de las principales líneas apunta a una posible asfixia bajo el agua durante un campamento. En ese sentido, exigió que las investigaciones alcancen tanto a los responsables materiales como a las autoridades del plantel que permitieron las condiciones en las que ocurrió la tragedia.

La senadora recordó que este no es un caso aislado. Citó el fallecimiento de Erick Leonardo Terán Torbellín, también de 13 años, ocurrido en 2025 durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin, en Morelos. De acuerdo con las denuncias presentadas por sus familiares, el menor habría sido víctima de agresiones físicas por parte de un grupo de estudiantes que presuntamente le provocaron lesiones internas mortales. Chavira destacó que, pese a que la Secretaría de Educación Pública inició investigaciones y el plantel fue clausurado temporalmente, posteriormente reanudó actividades académicas en línea, aun cuando enfrentaba diversas denuncias por presuntos malos tratos hacia sus alumnos.

Ante este panorama, la legisladora morenista propuso construir un nuevo marco legal que armonice la regulación de estas instituciones con la Ley General de Educación, la legislación de protección civil y las normas nacionales e internacionales que salvaguardan los derechos de la niñez. Asimismo, planteó que sea la Secretaría de Educación Pública, y no la Secretaría de la Defensa Nacional como establece el reglamento vigente, la autoridad responsable de supervisar, regular y vigilar el funcionamiento de las escuelas militarizadas privadas.

Guadalupe Chavira advirtió que especialistas han documentado que algunos planteles privados de corte militar mantienen esquemas de enseñanza basados en relaciones jerárquicas, disciplina mediante el sometimiento y prácticas que pueden derivar en violencia física y psicológica. Aclaró que esta situación no corresponde a los planteles oficiales del Ejército y la Marina, los cuales cuentan con mecanismos institucionales de supervisión en materia de derechos humanos y cuyos posibles abusos son investigados por las autoridades competentes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, la senadora exigió justicia para Dafne y para todas las niñas, niños y adolescentes que presuntamente han sido víctimas de abusos en instituciones privadas de orientación militar. También solicitó la suspensión de los cursos de verano organizados por estos planteles mientras se revisa su situación legal, al considerar que el reglamento vigente ni siquiera contempla este tipo de actividades. Subrayó que el objetivo de la revisión legislativa será garantizar que ninguna institución educativa pueda operar al margen de las normas de protección de la infancia y que los derechos de los menores prevalezcan sobre cualquier esquema disciplinario o formativo.