A dos años de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, que marcaron el inicio de la peor crisis de violencia en la historia reciente de Sinaloa, la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, acusó al gobierno de Morena de mantener en la opacidad lo sucedido aquel día y de negarse a esclarecer los acontecimientos que desencadenaron una ola de homicidios, desapariciones, desplazamientos y pérdidas económicas que, afirmó, mantienen al estado sumido en el miedo y la incertidumbre.

La legisladora sostuvo que la entrega de Ismael «El Mayo» Zambada a las autoridades estadounidenses y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, marcaron un punto de quiebre para la entidad. Aseguró que, desde entonces, quedaron al descubierto presuntos vínculos entre el crimen organizado y gobiernos emanados de Morena, sin que hasta la fecha exista una explicación oficial convincente sobre lo ocurrido ni se hayan deslindado responsabilidades.

Paloma Sánchez afirmó que las consecuencias de aquella jornada han sido devastadoras para los sinaloenses. De acuerdo con las cifras presentadas por la senadora, en los últimos dos años la violencia ha dejado cerca de 3 mil personas asesinadas, más de 4 mil desaparecidas, alrededor de 3 mil familias desplazadas de sus comunidades, el cierre de 7 mil negocios, la pérdida de 54 mil empleos y daños económicos estimados en 170 mil millones de pesos, además del asesinato de 113 niñas y niños en distintos hechos violentos registrados en la entidad.

La senadora priista señaló que la inseguridad dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una condición permanente que alteró profundamente la vida cotidiana de los habitantes de Sinaloa, donde, dijo, las familias viven con temor, la actividad económica permanece debilitada y amplias regiones continúan bajo el impacto de la disputa entre grupos criminales.

En ese contexto, responsabilizó al Gobierno Federal de no haber esclarecido los hechos que dieron origen a la crisis y cuestionó que, a dos años de distancia, las autoridades sigan sin ofrecer una versión clara sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024, una fecha que calificó como determinante para entender el deterioro de la seguridad en el estado.

Asimismo, dirigió sus críticas al gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusó de minimizar la gravedad de la violencia que enfrenta Sinaloa y de evadir su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo estatal. La legisladora recordó además que el mandatario ha enfrentado señalamientos desde Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico, situación que, afirmó, ha incrementado las dudas sobre el manejo de la crisis de seguridad en la entidad.

Paloma Sánchez sostuvo que, mientras Morena insiste en presentar una narrativa distinta sobre la situación que vive el estado, miles de familias continúan buscando a sus desaparecidos, enfrentando el cierre de sus fuentes de empleo o intentando reconstruir su vida tras haber abandonado sus hogares por la violencia.

Finalmente, la senadora aseguró que las víctimas merecen conocer toda la verdad sobre los acontecimientos que detonaron la denominada narcoguerra en Sinaloa y acceder a la justicia. Reiteró que el Grupo Parlamentario del PRI continuará exigiendo al Gobierno Federal el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los responsables y una estrategia efectiva que permita devolver la seguridad y la tranquilidad a los sinaloenses, al sostener que, dos años después, las preguntas fundamentales sobre el origen de la crisis siguen sin respuesta y las consecuencias continúan acumulándose para miles de familias.