La diputada federal del PRI, Fuensanta Guerrero Esquivel, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) con el propósito de que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal estén obligadas a evaluar el impacto que tendrán sus programas, políticas públicas y proyectos normativos sobre las personas jóvenes antes de su diseño, modificación o implementación.

La propuesta plantea adicionar el artículo 4 Ter a la legislación vigente para crear la Cédula de Impacto en Juventudes, un instrumento que permitirá analizar de manera anticipada los efectos que las acciones gubernamentales tendrán sobre la población de entre 12 y 29 años, con el objetivo de que este sector sea considerado de manera transversal en la elaboración de políticas públicas.

En la exposición de motivos, la legisladora priista señaló que actualmente los programas gubernamentales, las reglas de operación y diversos proyectos normativos se diseñan bajo criterios generales que, en muchos casos, dejan de lado las necesidades específicas de las juventudes. Afirmó que esta situación limita la eficacia de las políticas públicas y dificulta atender problemáticas particulares que enfrentan millones de jóvenes en el país.

Fuensanta Guerrero explicó que la Cédula de Impacto en Juventudes permitirá identificar de forma anticipada los posibles efectos de las decisiones gubernamentales en rubros como educación, empleo, vivienda, salud física y mental, conectividad digital, acceso a la cultura y participación comunitaria, además de incorporar una visión incluyente para atender las condiciones particulares de jóvenes indígenas, afromexicanos, habitantes de zonas rurales, estudiantes, trabajadores, personas con discapacidad y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa también establece que la elaboración de este instrumento deberá incorporar mecanismos de consulta presenciales o digitales con personas jóvenes de entre 12 y 29 años, garantizando procesos accesibles, lenguaje claro e inclusión territorial. Asimismo, cuando las consultas involucren a menores de 18 años, deberán aplicarse salvaguardas especiales que respeten su edad, desarrollo evolutivo, privacidad y el principio del interés superior de la niñez.

De acuerdo con la propuesta, corresponderá al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) emitir los lineamientos técnicos para la elaboración de la Cédula de Impacto en Juventudes y publicar un informe anual que permita evaluar los resultados de su aplicación, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la incorporación de una perspectiva intergeneracional en las decisiones del Estado mexicano.

La diputada sostuvo que esta reforma busca convertir a las juventudes en un eje transversal de la política pública nacional, de manera que las decisiones gubernamentales no sólo consideren indicadores económicos o administrativos, sino también las consecuencias que tendrán sobre el desarrollo y bienestar de millones de jóvenes.

Finalmente, Fuensanta Guerrero aseguró que con esta iniciativa el PRI busca colocar a las juventudes en el centro de las decisiones públicas y garantizar que ninguna política gubernamental que impacte a este sector sea diseñada sin escuchar su voz, conocer sus necesidades y evaluar previamente sus efectos, fortaleciendo así una política pública más incluyente, participativa y orientada al desarrollo de las nuevas generaciones.