La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, Geovanna Bañuelos de la Torre, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el propósito de incorporar la infraestructura de telecomunicaciones como un elemento esencial de la red carretera nacional y garantizar que quienes transitan por carreteras y autopistas federales permanezcan comunicados durante todo su recorrido.

La legisladora explicó que su propuesta busca definir legalmente la «Infraestructura de comunicación» como el conjunto de instalaciones, ductos, postes, torres, antenas, cableado, fibra óptica, equipos y demás elementos destinados a proporcionar servicios de telecomunicaciones, conectividad y acceso a internet en caminos y puentes de jurisdicción federal. Con ello, dijo, se pretende que la conectividad deje de considerarse un servicio complementario y se convierta en un componente indispensable para la protección de la vida, la atención de emergencias y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Al fundamentar la iniciativa, Bañuelos de la Torre señaló que el marco jurídico vigente regula aspectos relacionados con la construcción, conservación, operación y concesión de caminos y puentes, pero no contempla expresamente la obligación de desarrollar y preservar infraestructura de comunicación para garantizar que los usuarios permanezcan conectados mientras transitan por la red carretera federal. Esta omisión, afirmó, limita la planeación de políticas públicas destinadas a reducir las brechas digitales y dificulta establecer responsabilidades claras tanto para las autoridades como para los concesionarios.

La senadora sostuvo que las condiciones actuales de seguridad exigen replantear el concepto de infraestructura carretera, ya que hoy no basta con contar con carreteras en buen estado, señalización adecuada o dispositivos tradicionales de protección vial. Consideró que la posibilidad de realizar llamadas de emergencia, compartir la ubicación en tiempo real, utilizar aplicaciones de navegación, recibir alertas preventivas o mantener comunicación inmediata con las autoridades puede representar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de riesgo.

Como parte de la exposición de motivos, Geovanna Bañuelos presentó cifras que reflejan el incremento de la inseguridad en las carreteras del país. Indicó que, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, los robos de vehículos en carreteras pasaron de mil 860 casos en 2022 a 3 mil 204 en 2023. Además, señaló que en el estado de Zacatecas se registraron durante 2024 más de 100 robos y asaltos en carreteras estatales, afectando a transportistas, empresas y familias que recorren largas distancias sin contar con condiciones adecuadas de comunicación para solicitar apoyo en caso de emergencia.

La legisladora destacó que desarrollar infraestructura de telecomunicaciones en los tramos carreteros de mayor riesgo facilitaría la atención inmediata de accidentes, permitiría denunciar oportunamente hechos delictivos y fortalecería la coordinación entre las corporaciones de seguridad y los servicios de emergencia. Asimismo, afirmó que la incorporación de estas tecnologías contribuiría a construir una red carretera más segura, moderna y acorde con las necesidades del país.

En ese sentido, subrayó que la iniciativa reconoce la evolución tecnológica en materia de telecomunicaciones y plantea que el Estado mexicano adapte su legislación para considerar la conectividad como parte integral de la infraestructura carretera, impulsando una política pública que combine movilidad, seguridad y acceso a las tecnologías de la información.

Finalmente, Geovanna Bañuelos aseguró que fortalecer la infraestructura de comunicación en las carreteras federales significa dotar al Estado de mejores herramientas para proteger a millones de personas que diariamente recorren el país, además de impulsar el desarrollo regional y garantizar que ningún ciudadano permanezca incomunicado cuando requiera el respaldo de las instituciones. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, donde será analizada y dictaminada antes de su eventual discusión en el Pleno.