El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar una estrategia para restringir la libertad de expresión mediante los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que podrían utilizarse para censurar a periodistas, ciudadanos y actores políticos de oposición.

El vocero de la bancada panista, Federico Döring, afirmó que las nuevas disposiciones representan un intento por controlar la información pública y limitar las críticas al gobierno. Sostuvo que Morena ya había promovido medidas similares durante la discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones y ahora busca, dijo, consolidar mecanismos que permitan sancionar contenidos incómodos para el oficialismo.

El legislador aseguró que la propuesta pretende proteger a funcionarios y políticos de Morena frente a señalamientos relacionados con temas como la inseguridad, el llamado «huachicol fiscal» y presuntos vínculos de servidores públicos con el crimen organizado, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de que periodistas y ciudadanos enfrenten demandas por daño moral derivadas de sus publicaciones.

Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto llamó a abrir espacios de diálogo y consulta con medios de comunicación, especialistas y organizaciones civiles para analizar los alcances de los lineamientos, al considerar que el derecho a la información y la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la democracia.

En tanto, el secretario general del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, cuestionó que el gobierno federal pretenda establecer criterios sobre la veracidad de la información cuando, afirmó, desde las conferencias matutinas también se emiten descalificaciones contra periodistas, activistas y colectivos ciudadanos.

Las declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales permanecen en consulta pública y han generado posiciones encontradas entre el gobierno, la oposición, organismos empresariales y representantes de los medios de comunicación respecto a su impacto en la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.