Ciudad de México.– El Gobierno de Puebla presentó los resultados del modelo Casas Carmen Serdán, una estrategia que ha redefinido la atención integral para mujeres en situación de violencia al acercar los servicios de procuración de justicia, atención psicológica, asesoría jurídica y programas de empoderamiento a las comunidades del estado. Durante una rueda de prensa realizada en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta destacó que este esquema se ha consolidado como una política pública innovadora que hoy se fortalece con la estrategia federal Centros LIBRE, impulsada para garantizar una atención integral y efectiva a las mujeres mexicanas.
Acompañado por la fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas Sánchez, y por la coordinadora de las Casas Carmen Serdán, Carmen González Serdán, el mandatario subrayó que el objetivo del programa es eliminar las barreras que durante años limitaron el acceso de las mujeres a la justicia, particularmente en municipios alejados de la capital poblana.
Uno de los principales avances del modelo radica en la descentralización de los servicios de procuración de justicia. La fiscal Karla Michelle Salas explicó que, hasta el año 2024, muchas mujeres víctimas de violencia debían recorrer largas distancias para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, situación que con frecuencia derivaba en el abandono de los procesos debido al miedo, la falta de recursos económicos o la dificultad para trasladarse.
Actualmente, las Casas Carmen Serdán acercan estos servicios directamente a las regiones donde viven las mujeres, permitiéndoles recibir atención especializada y gratuita sin necesidad de desplazarse a la capital del estado. Esta estrategia, señaló la funcionaria, representa un cambio de paradigma al colocar a las instituciones en el territorio y no obligar a las víctimas a enfrentar nuevos obstáculos para acceder a sus derechos.
El funcionamiento del modelo está sustentado en cuatro pilares fundamentales que buscan brindar una atención integral. El primero contempla la intervención del Ministerio Público mediante agentes especializados y peritos médicos legistas mujeres, con el propósito de evitar la revictimización durante los procesos de denuncia e investigación.
El segundo eje comprende servicios gratuitos de asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social, diseñados para acompañar a las mujeres desde el primer contacto con las autoridades hasta el seguimiento de cada caso.
Como tercer componente, las Casas Carmen Serdán implementan medidas de protección para las víctimas, incluyendo el seguimiento puntual de las carpetas de investigación y acciones preventivas que garanticen su seguridad mientras avanzan los procedimientos legales.
Finalmente, el cuarto pilar está enfocado en el empoderamiento económico y social de las mujeres mediante talleres de capacitación, alfabetización digital, acceso a bolsas de trabajo y refugios temporales donde ellas y sus hijas e hijos pueden permanecer mientras enfrentan situaciones de riesgo.
Los resultados presentados reflejan el crecimiento y alcance del programa en apenas 600 días de administración estatal. Actualmente operan 24 Casas Carmen Serdán distribuidas en diferentes municipios de Puebla, las cuales han otorgado más de 200 mil servicios dirigidos a mujeres y sus familias.
Asimismo, más de 30 mil personas han recibido atención directa a través de la Fiscalía General del Estado en estos espacios, mientras que se han brindado 58 mil 468 servicios psicológicos, jurídicos y sociales.
En materia de protección, el programa ha permitido emitir más de 8 mil 400 medidas para salvaguardar la integridad de mujeres víctimas de violencia. Paralelamente, se han realizado más de 90 mil talleres de empoderamiento, orientados a fortalecer la autonomía económica y el desarrollo personal de las usuarias.
Durante su intervención, la coordinadora Carmen González Serdán recordó que la primera Casa Carmen Serdán abrió sus puertas en Acatlán de Osorio, convirtiéndose en el punto de partida de una estrategia que, con el paso del tiempo, ha evidenciado la necesidad de contar con espacios de atención inmediata y cercana en todas las regiones del estado.
Señaló que la respuesta de las mujeres poblanas ha confirmado la importancia de ofrecer servicios integrales sin obstáculos administrativos ni geográficos, permitiendo que quienes enfrentan situaciones de violencia encuentren apoyo institucional oportuno.
La funcionaria destacó además que el modelo ha logrado consolidarse en poco tiempo como una política pública de referencia nacional e incluso ha recibido reconocimiento de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su enfoque integral y territorial para atender la violencia de género.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta reiteró que el siguiente paso será ampliar la cobertura del programa para instalar al menos una Casa Carmen Serdán en cada una de las 31 microrregiones del estado. Esta expansión, afirmó, forma parte del compromiso asumido con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer una red institucional que acerque la justicia, la protección y las oportunidades de desarrollo a las mujeres en todos los rincones de Puebla.
El mandatario sostuvo que el combate a la violencia de género requiere políticas públicas permanentes que articulen esfuerzos entre distintas dependencias y niveles de gobierno, por lo que el modelo poblano integra servicios de justicia, salud, educación y desarrollo económico dentro de un mismo esquema de atención.
Con la incorporación de la estrategia estatal al modelo federal de los Centros LIBRE, Puebla busca fortalecer aún más la capacidad institucional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, al tiempo que garantiza mecanismos de protección y acompañamiento más accesibles para las víctimas.
Los resultados dados a conocer en la Ciudad de México muestran que las Casas Carmen Serdán no sólo representan un espacio de atención inmediata, sino una política pública que apuesta por reconstruir proyectos de vida mediante el acceso efectivo a la justicia, la atención especializada y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.

