Por Ernesto Zavaleta
Resulta que México ya no negocia con Estados Unidos un tratado comercial; negocia, semana tras semana, la posibilidad de seguir teniendo tratado comercial.
Ahora hay que agregar a las presiones comerciales de los negociadores que un inspector estadounidense que diga: “Aquí no me siento seguro”, para detener la exportación de miles de millones de dólares en productos mexicanos como el aguacate y el limón michoacanos.
Donald Trump, Presidente estadounidense, descubrió algo que los economistas mexicanos parecen seguir aprendiendo: México tiene mucho que perder.
Estados Unidos tiene el mercado. México tiene la necesidad de venderle. Y entre ambos existe un tratado que se llama T-MEC, pero que en Washington parece funcionar cada vez más como una tarjeta de negociación.
Y mientras en Palacio Nacional se celebra que el último golpe arancelario no fue tan grande como pudo haber sido, en Washington ya descubrieron que el mejor arancel no es necesariamente el más alto, sino el que sirve para sentar al vecino a negociar con la calculadora en una mano y la Constitución comercial en la otra.
La presidenta Claudia Sheinbaum intenta mantener el equilibrio entre dos necesidades que parecen cada vez más difíciles de conciliar: defender la soberanía mexicana y evitar que la relación comercial con Estados Unidos se convierta en una crisis económica.
Porque la presidenta puede decir —y con razón— que México no aceptará condiciones que vulneren su soberanía.
Pero también sabe que cada nuevo arancel estadounidense tiene consecuencias en el empleo, la inversión, los precios, las exportaciones. Y en esa palabra que aparece en todos los discursos pero que pocos quieren pronunciar cuando llegan las malas noticias: competitividad.
Estados Unidos ya encontró el mecanismo perfecto. Primero anuncia una tarifa, después abre una negociación, luego ofrece una excepción. Y finalmente presenta el resultado como una concesión.
México celebra que el golpe haya sido menor.
Washington celebra que México haya cedido.
En resumen, ésa es otra de las pequeñas maravillas de esta nueva diplomacia comercial: primero se anuncia el golpe, después se negocia la excepción y finalmente se presenta la excepción como una victoria.
Y todos felices.
Sin embargo, es una alegría efímera, Marcelo Ebrard ya avisó que Estados Unidos podría aplicar nuevos aranceles y que las negociaciones están entrando en terrenos cada vez más complicados.
La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial estadounidense ya no hablan únicamente de tarifas: hablan de déficit comercial, cadenas de suministro, reglas de origen, acero, aluminio, automóviles, agricultura y, sobre todo, de “seguridad económica”.
Traducido al mexicano: Washington quiere revisar el T-MEC, pero también quiere cambiar las condiciones bajo las cuales México puede seguir beneficiándose del T-MEC.
Y ésa es una diferencia enorme.
Porque el tratado sigue vigente, sí. Pero el primero de julio Estados Unidos dejó claro que no lo renovó automáticamente y que continuará negociando con México y Canadá para corregir lo que considera deficiencias y reducir sus déficits comerciales.
Es decir, el T-MEC no murió; quedó en terapia intensiva, con Donald Trump preguntando cuánto cuesta la habitación hospitalaria.
México, por ejemplo, consiguió mantener fuera de determinados aranceles a buena parte de las mercancías que cumplen con las reglas del T-MEC. El Gobierno mexicano ha insistido en que el tratado funciona como escudo y que las empresas que exportan cumpliendo sus reglas conservan una condición preferencial.
Y aquí aparece la verdadera paradoja: el T-MEC que Washington dice querer revisar es, al mismo tiempo, el instrumento que está protegiendo a México de una parte de los propios aranceles estadounidenses.
Bendita contradicción.
Estados Unidos quiere más contenido estadounidense en las cadenas productivas, reducir la presencia de insumos chinos, fortalecer sus propias industrias y disminuir el déficit comercial. México quiere conservar el acceso preferencial a su principal mercado, atraer inversión y convertir al país en plataforma manufacturera de Norteamérica.
Los dos quieren nearshoring.
Pero cada uno quiere quedarse con la mejor parte del negocio.
Ahí estarán los automóviles, los semiconductores, el acero, el aluminio, los electrónicos y toda esa gigantesca cadena industrial que durante décadas se construyó bajo la lógica de la globalización y que ahora Washington pretende reconstruir bajo la lógica de la seguridad económica.
Y mientras Estados Unidos quiere cerrar la puerta a China, México tendrá que decidir qué tanto puede acercarse a Washington sin terminar convertido en simple maquilador geopolítico.
El T-MEC sigue esperando que alguien le diga si sobrevivirá otros 16 años o si terminará convertido en un tratado con más excepciones que artículos.
Porque la negociación apenas comienza.
México no debería conformarse con celebrar que cada nuevo arancel pudo ser peor. Ésa es una vara demasiado baja para medir la política comercial de una de las economías más importantes del mundo.
La verdadera pregunta no es si México logró evitar un arancel de 20, 25 o 30 por ciento.
La verdadera pregunta es ¿qué está entregando a cambio de mantener el arancel que ya tiene?
Porque si cada amenaza termina con una concesión mexicana, entonces no estamos frente a una negociación comercial: estamos frente a una política de presión permanente.
Y ésa sí que merece una oración.
Que México entienda que el T-MEC no se defiende con discursos, sino con productividad, infraestructura, seguridad, Estado de derecho, contenido nacional y cadenas de suministro capaces de competir con China sin pedirle permiso a Washington.
Y, sobre todo, que nadie confunda una prórroga con una victoria.
Porque el problema de México no es que Estados Unidos haya descubierto los aranceles.
Y ésa, queridos defensores de la soberanía, es una ventaja negociadora que Washington piensa cobrar… hasta el último centavo.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 