El PAN exigió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar a fondo y, en su caso, congelar las cuentas y proceder contra los bienes de Araceli Hernández y Rafael Marín, exfuncionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a quienes legisladores panistas vinculan con presuntos actos de corrupción relacionados con el llamado huachicol fiscal. Los diputados federales Paulina Rubio y Federico Döring demandaron que se investigue, sancione e inhabilite a Hernández, a quien señalaron por un presunto enriquecimiento durante su paso por Aduanas, mientras que acusaron que Marín y antiguos subordinados podrían beneficiarse de una eventual impunidad. Los panistas sostuvieron que las autoridades financieras tienen elementos suficientes para rastrear el origen y destino de recursos que, según sus acusaciones, habrían sido obtenidos ilegalmente y trasladados fuera del país.

El diputado local panista Raúl Torres Guerrero elevó el reclamo y afirmó que las propiedades adquiridas en Estados Unidos por personas vinculadas a funcionarios de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum deberían ser investigadas bajo las figuras de extinción de dominio y aseguramiento de bienes, si se acredita que fueron adquiridas con recursos de procedencia ilícita. El legislador pidió revisar particularmente las propiedades de exfuncionarios que pasaron por áreas estratégicas de Aduanas, puertos, aeropuertos y control marítimo, y recordó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que “quien la haga, la paga”.

Los señalamientos también alcanzaron a José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, por la propiedad que ocupó en Houston, así como a su esposa, Carolyn Adams, en relación con contratos otorgados por Pemex a filiales de Baker Hughes. De acuerdo con la denuncia política del PAN, dos filiales de esa empresa recibieron contratos por un monto conjunto de más de un millón de dólares en un periodo posterior a otros contratos asignados por Pemex Procurement International. Los legisladores exigieron que las autoridades no hagan distinciones políticas y que investiguen el patrimonio de funcionarios y personas allegadas al poder cuando existan indicios de un posible origen ilícito de los recursos.

El PAN advirtió que el caso del llamado huachicol fiscal no puede reducirse a decomisos de combustible ni a investigaciones contra operadores menores: sostuvo que debe seguirse la ruta del dinero para identificar a quienes presuntamente permitieron, facilitaron o se beneficiaron de la operación desde posiciones dentro del gobierno. La exigencia es que la UIF, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y las autoridades ministeriales determinen si existe sustento para asegurar cuentas, propiedades y otros activos, y que las investigaciones alcancen a todos los niveles de la estructura, sin importar su cercanía con Morena o con anteriores administraciones.