El diputado federal y coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la violencia y la inseguridad dejaron de ser fenómenos externos a los procesos electorales para convertirse en un actor que interviene directamente en las elecciones mexicanas, al grado de representar un riesgo para la democracia. Durante su participación en la Mesa de Diálogo “Inseguridad y Elecciones”, sostuvo que en los comicios de 2023-2024 se contabilizaron 889 víctimas entre políticos, candidatos y equipos de campaña, mientras que otros registros acumulan 2 mil 974 agresiones vinculadas con procesos electorales durante los últimos ocho años. Señaló como algunas de las zonas más violentas a Culiacán, Tijuana, Celaya, Chilpancingo, Acapulco y Cuautla, además de municipios de Morelos donde se han registrado asesinatos de candidatos y presidentes municipales. Moreira cuestionó la pasividad del INE y de las autoridades federales y estatales, y demandó una coordinación mucho más efectiva para enfrentar el problema, con mapas de riesgo, participación de organizaciones ciudadanas y observadores internacionales, así como mecanismos de protección para candidatos y operadores políticos. También alertó sobre candidaturas únicas, partidos que dejan de competir en determinadas regiones y casos donde, dijo, el crimen organizado puede terminar determinando quién participa, quién gana y quién gobierna.

El coordinador priista sostuvo que el problema no se limita a las agresiones contra candidatos, sino que puede traducirse en la captura de gobiernos municipales y estructuras completas del Estado por parte de grupos criminales. Cuestionó que las autoridades de fiscalización no auditen municipios donde existen señales evidentes de control del crimen sobre presupuestos, licitaciones y obra pública, y afirmó que existen alcaldes que reconocen estar bajo presión de organizaciones criminales. Moreira también acusó al Congreso de haber abdicado de sus responsabilidades en materia de seguridad y lamentó que durante la actual Legislatura no hayan funcionado adecuadamente las comisiones encargadas de supervisar la actuación de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional. Advirtió que se perdió una oportunidad para legislar sobre qué hacer cuando un candidato es asesinado, cuando todos los aspirantes de una comunidad son amenazados o cuando la delincuencia impide la competencia electoral. “¿De qué nos sirve que en la noche de elecciones nos digan quiénes son los triunfadores, si el que está ahí no es necesariamente el que habrá de salir electo?”, planteó, al advertir que una elección bajo influencia criminal puede terminar entregando una autoridad pública al propio crimen. Finalmente, señaló que aunque las cifras oficiales reporten una disminución de homicidios, eso no significa necesariamente que haya mayor seguridad, porque los ciudadanos pueden estar pagando extorsiones para evitar ser asesinados y autoridades pueden estar sometidas o negociando con las organizaciones criminales. Su conclusión fue contundente: si esta situación continúa, “se va a acabar el país”.